Un informe del Comité de Bioética, un organismo público que asesora al Gobierno, defiende que los centros sanitarios dependientes de la Iglesia puedan ver reconocida una objeción «institucional» de conciencia a la Ley de Eutanasia. Dicho informe considera incluso que el «ideario» de los centros se puede «imponer» a los trabajadores, y que además se debe establecer una «garantía» de que no pierden sus conciertos públicos.

Al presidente del comité, Federico de Montalvo, le preocupa que el rechazo a la eutanasia de las órdenes y fundaciones religiosas sirva como «excusa» para «desmontar» un sistema que «funciona». Montalvo también expone otra preocupación: que, si las instituciones religiosas perdieran espacio, lo ocupasen fondos de inversión.

El comité, que ya se posicionó en contra del derecho a la eutanasia, avala así las pretensiones de la Conferencia Episcopal y de hasta cinco «instituciones religiosas» que trabajan en el sector sanitario. Un voto discrepante en el informe aprecia «incoherencias» y pide contratos públicos «claros y públicos» entre el Estado y las organizaciones religiosas. Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente, advierte contra la coerción a los profesionales de los centros católicos, más aún en un clima de «campaña contra la ley».

¿Individual o colectivo?

La Ley de Eutanasia, aprobada en marzo con el voto en contra del PP y Vox, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, pero recalca que es «una decisión individual». En julio el Consejo Interterritorial de Salud aprobó un manual de buenas prácticas que insiste en que la objeción «no podrá ejercerse por una institución». Y añade: «No podrá discriminarse a ningún profesional sanitario que haya declarado su condición de objetor».

La ley y el manual chocan con las pretensiones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que en junio solicitó el reconocimiento de los hospitales y residencias católicas como «zonas libres de eutanasia».

Este posicionamiento no es baladí. La última memoria de la CEE cifra en 878 las «casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad» y en 69 los hospitales de la Iglesia, sumando casi 850.000 usuarios. Además, cinco agentes de peso en el mapa sanitario suscribieron también en junio un manifiesto de frontal rechazo institucional a la aplicación de la norma.

Presentándose como «instituciones religiosas dedicadas a la asistencia sanitaria», la Orden de San Juan de Dios, la Federación Nacional Lares, Hospitales Católicos de Madrid, la Orden de Religiosos Camilos y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) declaraban:

– «Que acelerar la muerte, ya sea por acción o por omisión […], nos parece un daño irreparable que no estamos dispuestos a infringir [sic] a nadie».

– «Que facilitar una acción suicida o una actuación homicida, aunque esta actuación sea solicitada y aceptada por el propio interesado, es un error, porque supone un desprecio por la dignidad humana, ya que suprime a la persona a manos de otras personas».

Sólo la Fundación Lares aglutina más de 1.000 centros y servicios.

Un «ideario» que se puede «imponer»

El comité, presidido por el profesor de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas Federico de Montalvo, acude a la Ley de Memoria Histórica de 2007 para defender la objeción colectiva. ¿Cómo? El informe, de carácter no vinculante, recalca que en dicha norma se alude a una «memoria colectiva». Y luego se pregunta: «¿Puede tener memoria una colectividad, una comunidad sin personalidad jurídica puede tener honor o conciencia, y no admitirse que estas sean atribuibles a las personas jurídicas?», pregunta el comité, que también basa su defensa de la objeción institucional en la expresión «son gentes sin conciencia», puesta como ejemplo por la RAE de utilización de la palabra «conciencia» en su segunda acepción: «Sentido moral o ético propios de una persona».

El comité se apoya en la Constitución, que garantiza la libertad religiosa «de los individuos y las comunidades», y en la doctrina que reconoce derechos a las personas jurídicas e ideario a los colegios. El comité concluye que el «ideario» de una «persona jurídica» puede funcionar como «un límite» a la «libertad» de su trabajador cuando este atenta contra dicho ideario. Ante un posible acto eutanásico, «no cabe esgrimir tal libertad», añade. Es decir, los centros de las órdenes y entidades religiosas o que dependan de estas «son titulares de la objeción de conciencia en su condición de titulares de un ideario», el cual «puede imponerse a sus trabajadores, limitando la libertad de estos».

Defensa de los conciertos

El comité se expresa con total rotundidad a favor del derecho a la objeción institucional en el caso de las «comunidades, entidades, congregaciones y órdenes religiosas u otras organizaciones o instituciones seculares» con un ideario contrario a la eutanasia, y sólo admite que «pudiera ponerse algo más en duda respecto de las sociedades mercantiles».

Además, defiende de que las entidades religiosas deben poder seguir recibiendo dinero público. Así lo expresa el informe, pone énfasis en este punto: «Lo relevante, más allá del reconocimiento de la objeción de conciencia a una entidad, es la creación de un instrumento legal efectivo, de una garantía, que permita a las que prestan servicios en el final de la vida y en relación con los enfermos terminales, que en nuestro país no son pocas, puedan seguir prestándolos bajo la forma de concierto o colaboración con la Administración, sin que por el hecho de no poder llevar a cabo un acto eutanásico o de auxilio médico al suicidio puedan verse afectadas en sus derechos y relaciones jurídicas».

Voto discrepante

El informe sobre la objeción de conciencia rompe la unanimidad cosechada en el dedicado a la Ley de Eutanasia. La vocal Leonor Ruiz Sicilia emitió un voto particular en el que aprecia «incoherencias» en el informe, que «parecen tener un carácter finalista con el fin de reconocer derechos de protección a determinadas instituciones, al amparo de la figura de la objeción de conciencia». Ruiz Sicilia califica de «falaz» la argumentación en base a la cual la referencia de la RAE a «gentes sin conciencia» puede avalar la idea de conciencia colectiva. «La conciencia moral habita de la piel hacia dentro de un ser humano concreto donde es única», expone, recalcando que el Comité de Bioética de Andalucía, del que Ruiz Sicilia forma parte, ha defendido en un informe que la objeción es individual. El código ético de la Organización Médica Colegial también considera que «no es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional», recuerda Ruiz Sicilia.

En cuanto a las entidades concertadas, «el tema es de mayor calado», recalca el voto discrepante: «Estas instituciones reciben recursos públicos y el conflicto se plantea entre el derecho […] a que se respeten sus idearios institucionales y el derecho de la ciudadanía, que no las eligió, a recibir las prestaciones que la ley les garantiza». A juicio de Ruiz Sicilia, son necesarios contratos «claros, públicos y transparentes».

El papel de la Iglesia

El presidente del comité, Federico de Montalvo, señala que el voto de Ruiz Sicilia «enriquece» el debate, pero mantiene una posición distinta. «No lo reconocemos [el derecho a la objeción a las entidades] porque sean de la Iglesia, sino porque prestan un buen servicio. Además, algunas no son de la Iglesia». No obstante, la presencia de la Iglesia es determinante, por cuestiones históricas. De Montalvo lo sabe y lo destaca. «Gran parte del final de la vida está concertado. Al [enfermo] terminal habitualmente lo ha tratado sectores de la Iglesia, porque en España llevan esa tradición hace siglos», señala. De Montalvo expone su preocupación ante el «riesgo de desmontar toda esa estructura» con la «excusa» de que no se practica la eutanasia. «Me preocupa por la calidad asistencial, no porque los centros sean de la Iglesia», señala.

¿Qué ocurre con los trabajadores que no quieran objetar en estos centros? A juicio de Montalvo, su lugar de trabajo no debería ser un centro con un ideario incompatible con la eutanasia. Montalvo también expone otra preocupación: que, si las instituciones religiosas perdieran espacio, lo ocupasen fondos de inversión. En cuanto a qué entidades y centros podrían beneficiarse de la objeción, es partidario de «mirar en cada caso si tienen ideario o no». Lo que no le genera dudas es que si hay ideario, puede haber conciencia colectiva. «¿Por qué la conciencia es individual y en cambio el honor o la inviolabilidad del domicilio son colectivos? ¿Por qué Violeta Friedman considera que el pueblo judío tiene derecho al honor, y en cambio, la conciencia, que es libertad ideológica y religiosa, que tiene mucho que ver con la dignidad, se la negamos a las instituciones?», se pregunta.

El impacto de un un hipotético reconocimiento de la objeción institucional iría mucho más allá de las 878 casas para ancianos, crónicos y discapacitados y de los 69 hospitales «de la Iglesia» contabilizadas por la CEE, que a preguntas de infoLibre no aclara cuántos tienen conciertos con las Administraciones o cuántos son sociedades mercantiles. Las cinco «instituciones religiosas» firmantes del manifiesto contra la eutanasia –San Juan de Dios, Lares, Hospitales Católicos, Camilos y Confer– también declaran misiones, idearios o principios de compromiso con la Iglesia y contra la eutanasia. Lares, de atención a mayores y discapacitados, prevé comunicar su posicionamiento contrario a aplicar la eutanasia «a través del ideario del centro que reciben todos los usuarios, familiares y profesionales», señala desde la organización. La Orden de Religiosos Camilos indica que la situación es de «incertidumbre», estado compartido por Confer. San Juan de Dios y Hospitales Católicos no facilitaron respuesta alguna.

Posibles escenarios

El escenario queda así delimitado. 1) La jerarquía eclesiástica y las instituciones religiosas, decisivas en el mapa sanitario, quieren que en sus centros no se aplique la eutanasia por sistema, pese a que la ley recoge que la objeción es «individual». 2) El Comité de Bioética avala la pretensión de la Iglesia. 3) La aplicación de la ley acaba de arrancar entre dudas de los profesionales y con el rechazo del PP, que gobierna cinco comunidades. Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Digna, cree que el papel de la Iglesia «va a generar problemas». «Nuestra mayor preocupación ahora mismo es la falta de información de los profesionales y no queremos dar bombo a posicionamientos que creemos que son marginales en la sociedad. Pero lo cierto es que los profesionales de los centros católicos se van a sentir coartados si no quieren objetar, más teniendo en cuenta la campaña contra la ley tanto política como del Comité de Bioética y las organizaciones médicas, sobre todo el Colegio de Madrid», señala.

A juicio de Velasco, carece de sentido plantear dudas sobre la posible «discriminación» o las «represalias» que puede suponer el registro público de objetores previsto por la ley para facilitar la gestión y no ver que el «problema» está en el ámbito privado. «Es obvio que en un hospital o un centro católico, si te opones a objetar, o muestras tu acuerdo con la Ley de Eutanasia, pueden no renovarte el contrato, así de fácil. Y aquí ocurre como con la educación: no son centros absolutamente privados, porque los acabamos pagando nosotros a través de conciertos», señala Velasco, que recuerda que la Iglesia ya ha dado muestras de querer combatir a toda costa la aplicación de leyes de eutanasia, citando el caso de los Hermanos de la Caridad en Bélgica, a cuyos 15 hospitales se les retiró en 2020 la condición de católicos por parte del Vaticano después de autorizar la eutanasia