Profesionales sanitarios salmantinos consideran que ha existido una «campaña brutal» del laboratorio y denuncian múltiples irregularidades
EL NORTE DE CASTILLA. ROSA MARÍA GARCÍA, 13 octubre 2019
La polémica en torno a la vacuna de la meningitis B continúa abierta. Castilla y León decidió hace unos meses incluirla en el calendario de vacunación infantil. Una decisión inédita, en contra de los criterios del Ministerio de Sanidad, que considera que no es justificable su inclusión en el momento actual. La medida de la Consejería de Sanidad de la Junta Castilla y León ha generado voces en contra desde distintas organizaciones, como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, la Red Española de Atención Primaria o la Plataforma No Gracias. En esa postura contraria se encuentran médicos de familia de la Comunidad, como los salmantinos Roberto Sánchez y Mercedes Martín. Sánchez, coordinador en Castilla y León de No Gracias, tras investigar todo lo acontecido en torno a esta polémica vacuna, considera que ha existido una «campaña brutal» del laboratorio que fabrica y comercializa la vacuna, y denuncia múltiples irregularidades en el contexto. Tras las sospechas, la plataforma ha pedido transparencia a la Junta en el proceso administrativo de inclusión de la vacuna de la meningitis B en Castilla y León, para lo que solicitó oficialmente el 30 de septiembre una serie de datos a la Consejería de Sanidad.
«Vacunas las hay maravillosas, buenas y cuestionables-innecesarias», afirma Roberto Sánchez, que asegura que la «apuesta actual de la Industria Farmacéutica es al sector vacunas y en especial a la tercera de las categorías», es decir, las cuestionables e innecesarias. «Como evidentemente no entran solas, hay que meterlas a presión, mediante impresionantes campañas de marketing», como las realizadas «con sus variaciones y matices, según el caso, en los últimos años, con diferentes ejemplos». Ahora, denuncia «es el turno de la vacuna de la meningitis B».
Sánchez quiere dejar claro que esta vacuna «es necesaria y aporta, pero solamente para unos grupos específicos de riesgo», entre los que apunta: inmunodeficiencias, ausencia de bazo, brotes etc, pero «no para toda la población». Así, recuerda, se ha venido manifestando el Ministerio de Sanidad a lo largo de estos años. Dice Sánchez que «la vacunación individual presenta objeciones y la poblacional no es coste-efectiva, no vale lo que cuesta».
El laboratorio que comercializa la vacuna es GSK y, según Sánchez, «su estrategia ha pasado por ampliar el target (objetivo) y la cuota de mercado de los grupos de riesgo a la población general, para maximizar sus beneficios». Es una «maniobra clásica que ya hemos visto muchas veces en el intento de posicionar en el mercado otros productos sanitarios como numerosos fármacos».
El coordinador de No Gracias afirma que GSK «ve su gran oportunidad cuando la vacuna de la meningitis B pasa de ser de dispensación hospitalaria a la venta libre en farmacias» y considera que la «maniobra» de este laboratorio tiene dos momentos fundamentales. En el primero, GSK «constituye un bloque de poder que intermedia entre sus deseos y los profesionales que la prescribirán a la población -pediatras en su mayor parte-», una «estructura ya levantada de anteriores campañas. «Paga jugosas sumas de dinero en diferentes conceptos a los actores que conforman este bloque: Sociedades Científicas (Asociación Española de Pediatría y Asociación Española de Vacunología), grupos de investigación y producción científica sobre vacunas (Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría), Key Opinion Leaders (líderes de opinión de gran credibilidad entre sus pares), influencers sanitarios, divulgadores (Lucia Galán Bertrand, conocida como Lucía mi pediatra, como ejemplo paradigmático), medios de comunicación, asociaciones de pacientes y universidades». Este «agente multiactor vehicula los intereses y el argumentario del laboratorio hacia los profesionales, que en su mayoría lo asumen». Así, «la cuestionable e innecesaria vacuna se prescribe en masa, GSK muere de éxito con la maniobra y sus ingresos por este concepto alcanzan cifras exorbitantes, liderando las ventas de productos con receta en 2017». Pero «los que pagan el pato» son los padres «que tienen que sufragar de su bolsillo los más de 400 euros que cuesta la pauta de vacunación». Añade que «llama poderosamente la atención que ninguna institución que no haya recibido dinero de GSK recomiende la vacunación poblacional».
Maniobra de captura. Tras completar este primer paso, señala Sánchez, «tiene lugar el segundo momento de la maniobra: GSK intentará que la vacuna se incluya en el calendario vacunal». Sin embargo, «una autoridad centralizada y cualificada, como es el Ministerio, ya le ha dicho que no en varias ocasiones, pero las comunidades autónomas poseen competencias para la inclusión, con lo que la estrategia pasa por presionar las estructuras del Estado en los diferentes territorios». Eso los consigue pronto en dos de ellos, Canarias y Castilla y León.
En Castilla y León «tiene lugar una maniobra de captura de regulador de libro, en el que la voluntad de dos funcionarios es llevada al terreno de los intereses del laboratorio a lo largo de varios años de relaciones de cabildeo e influencia en numerosos actos de promoción y marketing, bajo la apariencia de sesudas jornadas científicas». Así, denuncia Roberto Sánchez, «la vacuna se incluyó con una frase en el Bocyl aduciendo tres razones falsas y condenando a la Comunidad a un gasto de cinco millones y pico de euros en dos años y a la perpetuidad de los gastos que va a generar la inclusión».
En otras comunidades, apunta, la forma de actuar de la industria es de otro modo. Pone el ejemplo de Andalucía, donde «en vez de capturar a los que están dentro del Estado, meten desde fuera a una de las personas que más ha ejemplificado y protagonizado el bloque de poder de GSK: David Moreno, antiguo coordinador del Comité Asesor de Vacunas y que fue nombrado director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía». Según constata, esta persona «recibió 47.000 euros documentados de la industria de las vacunas en los últimos tres años, aunque pensamos razonadamente que han sido más».
Todos estos procesos los está estudiando Roberto Sánchez en un profundo trabajo de investigación, que va entregando por capítulos en un hilo en Twitter (@RoberRimbaud), con, asegura, «datos impactantes de la trama» que aún no ha desvelado.
Sánchez considera que «nos jugamos mucho. Es una empresa tratando de saltar por encima de los pacientes y de las estructuras de decisión del Estado». Es más, lo califica como una «amenaza que puede sentar precedentes y hacer del Sistema Nacional de Salud un coladero», ya que es «una práctica que puede conllevar otras que hagan de nuestra Sanidad pública algo insostenible». Es más, lo define como «una maniobra lobista que pone por delante de los intereses de todos los intereses privados».
Por todo ello, la Plataforma No Gracias ha remitido a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad un escrito relativo al procedimiento administrativo de inclusión en el calendario vacunal de la vacuna de la meningitis B, en el que además se pide información acerca de conflicto de interés de alto cargo y cargo público implicados en dicha inclusión.
En su escrito señalan que la Comunidad fue de las primeras en tomar la decisión de incluir la vacuna de la meningitis B en el calendario vacunal en contra del criterio sostenido del Ministerio de Sanidad y en base a situación epidemiológica, evidencia disponible y condicionantes sociales, según aparece en el Bocyl del 25 de abril de 2019. Tras mencionar los fundamentos de derecho de la petición, la Plataforma solicita el IRPF y declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de Agustín Álvarez Nogal (exdirector general de Salud Pública) desde el ejercicio de la toma de posesión de dicho cargo en junio de 2011 hasta su cese en Julio de 2019. También pide los IRPF y declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de Sonia Tamames Gómez (jefa de Epidemiología) desde el ejercicio de la toma de posesión de su cargo hasta la actualidad.
En tercer lugar, reclaman la «agenda de Agustín Álvarez y Sonia Tamames relativa a actos en forma de seminario, jornada científica, congreso o similares a los que han asistido desde su toma de posesión a la actualidad en calidad de cargos públicos», así como la «agenda de Agustín Álvarez en relación a la asistencia a actos relacionados con vacunas desde que ha tomado posesión como nuevo Director General de Producción Agropecuaria (2 de agosto de 2019) y justificación dado su nuevo cargo».
Otra de sus solicitudes es el «contrato firmado para la adquisición de las dosis de la vacuna de la meningitis B con justificación y cuantías del mismo en fondo y forma acorde al contenido de la Ley 19/2013». Y por último, solicitan el acta del comité o comisión en la que se decide la inclusión de la vacuna de la meningitis B en el calendario vacunal de la Junta; asistentes, declaración de conflictos de interés, posturas, justificación de la inclusión en relación a las tres causas concurrentes (evidencia disponible, situación epidemiológica y condicionantes sociales), informaciones relativas a la costo-eficiencia, previsión y costes de revacunación; y qué técnicos participaron en dicho comité, postura y justificación.
La Plataforma No Gracias es una organización civil internacional por la transparencia, la integridad y la equidad en políticas de salud, la asistencia sanitaria y la investigación biomédica. Una iniciativa de la que forman parte médicos y profesionales sanitarios, que han decidido movilizarse para hacer frente a la presión y el peso que la industria farmacéutica tiene en las decisiones de los médicos, en el aumento del gasto en medicamentos y en todo el funcionamiento del sistema sanitario. Su objetivo, de acuerdo con la OMS, es generar un nuevo marco ético entre políticos, médicos, pacientes y medios de comunicación que permita mejorar la atención médica, el uso racional de los medicamentos y la adecuada regulación de las relaciones de promoción y marketing de la industria farmacéutica.
Por otro lado, Sánchez explica que Farmaindustria, la patronal que agrupa a las industrias farmacéuticas, se autoimpuso hace tres años la obligación de publicar el dinero que pagaba a los profesionales, a las asociaciones de pacientes y a las sociedades científicas en concepto de honorarios, alojamientos, transporte, inscripción a congresos, etc. Esas cantidades son públicas, aunque «a veces hay que hacer un trabajo laborioso para dar con ellas y agregarlas». De esta forma, señala, tienen datos y cantidades de los últimos tres años de las compañías que fabrican y comercializan principalmente las vacunas en España, que son cuatro: GSK, MSD, Pfizer y Sanofi.
La investigación de No Gracias continúa abierta sobre las sospechas de las prácticas en torno al campo de algunas vacunas y en concreto a la de la meningitis B
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/piden-transparencia-proceso-20191013122128-nt.html