Plataforma por la Salud y la Sanidad Publica de Asturias

IU concede su galardón «Emeterio García» a la Plataforma por la Sanidad Pública

Balance sobre la gestión sanitaria de la pandemia. Le Monde Diplomatic

Vacunas y covid, las raíces de una desconfianza

Pese a la masiva inyección de dinero público para luchar contra la covid-19, la industria sigue controlando con pulso firme la producción de información médica. Utilizado a menudo para justificar vulneraciones a las libertades, el vocabulario científico ha perdido solvencia, allanando así el camino para el surgimiento de discursos simplistas. Tres años después, todavía queda pendiente realizar un balance más documentado de las políticas de salud pública.

por Ariane Denoyel, abril de 2023

Diseñadas en condiciones de urgencia para luchar contra la covid-19, las vacunas Comirnaty (de Pfizer/BioNTech) y Spikevax (de Moderna) han supuesto un “avance terapéutico de calado”, con una “reducción significativa del riesgo de formas sintomáticas, incluso graves”, según afirma la única revista médica francófona independiente de la industria. En enero de 2022 Prescrire les concedió su premio “Píldora de Oro” correspondiente a 2021, al considerar que habían aportado “un avance terapéutico decisivo en un ámbito en el que tanto pacientes como personal sanitario se encontraban totalmente desamparados”.

En plena pandemia mundial, con muchos sistemas sanitarios exánimes por su crónica desfinanciación, sobre todo en Francia, la llegada de estas vacunas fue saludada como la promesa de una vuelta a la vida “normal”. La proeza científica es innegable, pero no puede ocultar los fallos de las autoridades sanitarias y reguladoras y la falta de información a los ciudadanos. Debido a la enorme financiación pública movilizada para el desarrollo de estos tratamientos –pedidos por anticipado, subvenciones, etc.–, parecían darse las condiciones para imponer un nuevo marco de transparencia a todo el sector. Por el contrario, un alto nivel de opacidad sobre los estudios llevados a cabo y unos discursos maniqueos por parte de las autoridades, ignorando la complejidad del proceso científico, han dado pasto a parrafadas simplistas y fantasías varias.

“Las vacunas contra la covid han salvado millones de vidas –certifica el profesor John Ioannidis, médico y gran experto en cuestiones de prevención y salud pública de la Universidad de Stanford (Estados Unidos)–. La estimación más difundida era que se habían salvado más de catorce millones de vidas en el primer año, pero se trataba de una modelización con bases cuestionables. Posteriormente he contribuido a demostrar (1) que la tasa de letalidad previa a la vacunación se había sobrestimado en grandes proporciones, y que también se sobrevaloró considerablemente la eficacia de las vacunas (2), por basarse en estudios de seguimiento a corto plazo. Una estimación del número de vidas salvadas es muy difícil y necesita ‘estratificarse’ por tramos de edad, pero yo diría, de forma muy conservadora, que está en el rango de uno a seis millones. Los beneficios en términos de reducción de muertes y problemas graves sí son sustanciales para las personas mayores con frágiles condiciones de salud”.

Dicho esto, Ioannidis lamenta una “política de comunicación paupérrima” sobre lo que realmente cabía esperar de estas vacunas. “Se las presentó como el instrumento que iba a acabar con la pandemia, cuando en realidad su capacidad para reducir la transmisión del virus era modesta y se vio rápidamente mermada por la llegada de la variante ómicron. Hemos confiado demasiado en estudios de baja calidad para evaluar la eficacia y seguridad de estas vacunas, y de cara al futuro creo que es esencial recurrir a ensayos clínicos aleatorizados [ECA] (3) para tener una justa apreciación del valor de las posibles estrategias de vacunación, por ejemplo, en lo que concierne a las dosis de refuerzo”. Unos estudios mejores, idealmente independientes, con total transparencia de sus resultados también ayudarían a contrarrestar más eficazmente la retórica anticientífica.

“Algunos grupos, que hoy se describirían a grandes trazos como ‘antivacunas’, desmenuzan y sobreinterpretan documentos que no necesariamente entienden”, lamenta Claudina Michal-Teitelbaum, médica generalista y revisora de Prescrire. “Dicho lo cual, no hay que ser ingenuos –prosigue, señalando un hecho general que concierne a un gran número de vacunas y tratamientos–, los ensayos los realizan los industriales y los datos que producen les pertenecen en exclusiva. Solo comunican la parte que quieren, incluso a las autoridades sanitarias; minimizan riesgos y exageran beneficios. Con la intención de incitar a la población a vacunarse, las autoridades públicas han seguido el paso a los mensajes triunfalistas de la industria, sin cuestionarlos. Por ejemplo, los ensayos no se diseñaron para evaluar la capacidad de las vacunas de evitar muertes, contagios, formas graves de la enfermedad u hospitalizaciones. Posteriormente mostraron un efecto protector sobre las formas graves, ¡pero fue pura casualidad!”. De hecho, la eficacia anunciada de un 90 o incluso un 95% se ceñía al objetivo principal, que era reducir las formas sintomáticas (el estado gripal). El pasado 10 de octubre, la responsable de mercados internacionales de Pfizer, Janine Small, admitió ante el Parlamento Europeo que la empresa no disponía de datos sobre transmisión del virus por los receptores de la vacuna: “¿Sabíamos si la vacuna detenía la transmisión cuando se lanzó al mercado? No. Realmente hemos avanzado a la velocidad de la ciencia”.

En su edición de septiembre de 2022, Prescrire ofreció un análisis comedido de los datos disponibles, considerando en primer lugar que “estas vacunas han reducido en gran medida el riesgo de contraer la covid-19 sintomática, incluidas las formas graves”. Más adelante, la revista señalaba que “se han identificado numerosos efectos no deseados, por lo general sin gravedad”, indicando a continuación la lista pormenorizada de ellos, así como el balance oficial dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) (4): “Según la Agencia Europea de Medicamentos [EMA, por sus siglas en inglés], a principios de abril de 2022, el número total de pacientes cuyo fallecimiento podía achacarse a las vacunas contra la covid-19 se estima en 10 451, de los cuales 8631 se atribuyen a las dos vacunas de ARN mensajero”. De un total de casi mil millones de dosis administradas hasta el 23 de noviembre de 2022, la EMA enumeró 1,6 millones de efectos secundarios experimentados tras recibir una vacuna, de los cuales 11.515 provocaron una muerte. Se trata de “acontecimientos médicos observados tras el uso de una vacuna”, señala la agencia. El hecho de que una persona haya sufrido un problema médico o haya fallecido tras una vacunación no significa necesariamente que la vacuna haya sido la causa (5). En conclusión, Prescrire incidía en que el balance beneficio-riesgo de estas vacunas variaba “según la vulnerabilidad de cada persona a las formas graves de covid-19, y según las variantes del [virus] SARS-CoV-2 en circulación”.

Acceder a los resultados completos de los ensayos clínicos

En la muy respetada revista Vaccine, siete investigadores señalan un riesgo significativamente mayor de efectos no deseados en los grupos receptores de vacunas de ARN mensajero en comparación con el grupo placebo (6), y especialmente un efecto grave por cada ochocientas inyecciones. Al igual que Ioannidis, piden que se reevalúen los análisis beneficio-riesgo incluyendo en ellos una “estratificación”, que distinga a los pacientes según su riesgo de contraer una forma grave de la enfermedad, y recuerdan nuevamente que tales análisis requerirían que los fabricantes comunicaran los resultados completos de los ensayos clínicos. El profesor Peter Doshi, redactor jefe del British Medical Journal, puntualiza otro dato: “Nuestro segundo análisis se basa en los mismos datos ya presentados por los fabricantes a las autoridades sanitarias, por lo que no tiene en cuenta casos similares a los de Brianne Dressen y Maddie de Garay”.

Los dos nombres mencionados por el investigador encarnan los interrogantes sobre la no consideración, en determinados estudios elaborados por los laboratorios, de voluntarios sanos que fueron víctimas de efectos graves durante su participación en ensayos de vacunas. La maestra Brianne Dressen, que entonces tenía 39 años, quedó discapacitada tras su primera inyección de AstraZeneca, el 4 de noviembre de 2020. Publicado en septiembre de 2021 en la revista New England Journal of Medicine (NEJM), el texto que informaba de los resultados del ensayo clínico realizado con más de 32 000 participantes, concluía que la vacuna era “segura y eficaz para prevenir las infecciones sintomáticas y graves por covid-19” (7). No se registraba ninguno de los efectos graves que experimentó Dressen. El seguimiento médico por parte de ­AstraZeneca, programado para 790 días según el protocolo del ensayo, se interrumpió a los 60 días. Por más que los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (National Institutes of Health, NIH) reconocieron oficialmente la relación con la vacuna en este caso, el profesor Eric Rubin, redactor jefe del NEJM, se negó a publicar una enmienda al artículo, añadiendo que había remitido el correo electrónico en el que Dressen compartía su historia al fabricante, “el único que dispone de los datos fuente del ensayo”.

Maddie de Garay, una adolescente de 13 años perfectamente sana inscrita en el ensayo de Pfizer, está ahora en una silla de ruedas, alimentada a través de una sonda nasogástrica. Los responsables del ensayo atribuyeron su estado a factores psicológicos, por lo que no tuvo adecuado registro ni en el ensayo ni en el artículo del NEJM de mayo de 2021 (8). David Healy, el farmacólogo y psiquiatra que evaluó su caso, considera que el diagnóstico de histeria “es absurdo”. Este profesor cree que “a lo largo de las últimas décadas, los médicos son cada vez menos capaces de diagnosticar los efectos tóxicos de medicamentos y vacunas. Esto se debe en parte a una creciente especialización, que les impide discernir las manifestaciones multisistémicas, habituales en los casos de toxicidad”.

Los industriales minimizan los riesgos

“Durante los últimos treinta o cuarenta años, la industria ha tenido una desafortunada tendencia a eliminar algún que otro problemático efecto no deseado de las estadísticas resultantes de sus ensayos, y la nueva organización ‘virtual’ de estos ensayos se lo pone más fácil”, denuncia Healy, coautor en 2015 de un notable estudio que reveló, en particular, una ocultación de un aumento por dos, e incluso por tres, del riesgo de suicidio, con el antidepresivo paroxetina en adolescentes, en un ensayo que data de 2001 (9). En los ensayos de las vacunas contra la covid, se controlaba a los voluntarios mediante una aplicación que supuestamente debía registrar los efectos adversos. En la práctica, sin embargo, solo podían marcar casillas que reseñaban reacciones leves (fiebre, dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, etc.). Para notificar una reacción grave no especificada, tenían que intentar ponerse en contacto con el centro. Dressen, que consta como que abandonó el ensayo, en realidad fue excluida del mismo, ya que su aplicación fue desactivada a distancia.

Además, estos ensayos estaban repartidos entre muchos centros de varios países, por lo que se les denomina “multicéntricos”. Esta modalidad utiliza la subcontratación en cascada, lo que dificulta la transparencia de todo el proceso. Por ejemplo, el número de centros implicados en el ensayo de Pfizer en Estados Unidos oscilaba entre 135 y 153, según la fuente. Ni los responsables del seguimiento de los pacientes en los centros ni los gestores de los mismos tienen una visión de conjunto, de modo que el que contrata el estudio tiene manos libres para seleccionar los datos que desea comunicar. Cada vez es más frecuente que no se comuniquen los resultados, incumpliendo las obligaciones legales de los fabricantes. Así pues, una auditoría de la inspección general del Departamento de Sanidad estadounidense descubrió que más de la mitad de los ensayos clínicos recientes financiados por los NIH –el mayor proveedor de fondos de ensayos clínicos del mundo– no habían publicado los resultados al año de su finalización, incumpliendo sus obligaciones legales (The-scientist.com, 18 de agosto de 2022).

El 25 de septiembre de 2020, Brook Jackson, por entonces directora regional de Ventavia, un subcontratista de Icon con sede en Texas, a su vez subcontratista de Pfizer y responsable de llevar a cabo parte de los ensayos clínicos de la vacuna de ARN mensajero, se comunicó con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para informar de una serie de graves irregularidades cometidas por su empleador: falsificación de datos, defectos en la refrigeración de la vacuna e infracciones al “enmascaramiento” del ensayo. Este último punto significa que los participantes o el personal médico sabían quién había recibido el producto y quién el placebo; esto invalida el principio mismo del ensayo clínico “doble ciego”. El mismo día que denunció los hechos, Jackson fue despedida por Ventavia. El 8 de enero de 2021, presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Beaumont, Texas, en virtud de un procedimiento que permite a los particulares demandar a una empresa en nombre del Estado. Jackson nos ha compartido que no se preveía una celebración del juicio hasta la primavera de 2024. Desde entonces, Pfizer ha subcontratado a Ventavia para realizar otros cuatro ensayos de vacunas.

Sobre todas estas cuestiones, nos hemos puesto en contacto con los organismos reguladores que operan en Francia. Ni la Agencia Nacional para la Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios (ANSM) ni la EMA nos han contestado. La presidenta de la Alta Autoridad Sanitaria (HAS, por sus siglas en francés), Dominique Le Guludec, ha subrayado que su institución actualiza regularmente sus recomendaciones en función de los nuevos datos. Respecto a los efectos no deseados, reconoce “su existencia y la infranotificación en Francia, ligada a una cultura punitiva y desestabilizadora que desalienta a los médicos”. “Sea cual sea el medicamento, la HAS anima encarecidamente a los profesionales a declarar estos acontecimientos –añade–. En términos más generales, durante la crisis sanitaria dedicamos mucho tiempo a la comunicación sobre test, vacunas y tratamientos, mediante conferencias de prensa y ‘respuestas rápidas’ publicadas en nuestro sitio web y en las redes sociales”. Para Le Guludec, “es normal que la investigación corra a cargo de la industria, ya que esta obtiene beneficios de la venta de sus productos. No obstante, la normativa que regula los ensayos clínicos y los controles a los que están sometidos es muy precisa”. Sin embargo, una encuesta publicada el pasado 16 de noviembre por el British Medical Journal revela considerables deficiencias en los controles de los ensayos clínicos en Estados Unidos, unidas a una falta de transparencia (10). En junio de 2022, la misma publicación examinó la parte de la financiación de la industria en los presupuestos de las agencias sanitarias (89% en el caso de la EMA, 65% en el de la FDA) para subrayar los riesgos que este factor suponía para su independencia.

Todas las iniciativas tendentes a obligar a las empresas a publicar la totalidad de los datos de los ensayos han fracasado. En agosto de 2021, un grupo internacional de investigadores solicitó, al amparo de la Ley de Libertad de Información estadounidense, que se le facilitaran los datos en los que se había basado la FDA para aprobar la vacuna de Pfizer. La agencia, que había tardado 108 días en revisar los datos, pidió al juez federal de Texas que llevaba el caso que le concediera un plazo de… ¡75 años! El juez le concedió ocho meses. Los documentos que empiezan ahora a diseccionarse demuestran entre más cosas que la Casa Blanca presionó para acelerar la autorización por vía de urgencia, que ya de por sí era objeto de un procedimiento excepcionalmente rápido. “Estar a favor de las vacunas covid-19 y de la transparencia no son actitudes reñidas: acabar con todas las obligaciones de carácter global y acceder a los datos originales es ahora esencial para restablecer la confianza”, argumentaba el pasado agosto el cardiólogo británico Aseem Malhotra, experto en salud pública (11).

“El punto cero de la ciencia”

“En Estados Unidos, la FDA aprobó en junio la autorización urgente para vacunar a niños desde los seis meses de edad, basándose en ensayos en los que todo está mal –lamenta Michal-Teitelbaum–. Se han revisado drásticamente a la baja las normas de eficacia. Lo lógico hubiera sido elevarlas, ya que este grupo de edad corre mucho menos riesgo de contraer covid. En segundo lugar, el criterio de valoración principal descansa en la ‘inmunogenicidad equivalente’, un concepto que surgió en junio de 2021 en una reunión internacional de organismos reguladores y que nunca antes se había utilizado para afirmar la eficacia de una vacuna. Consiste en suponer que un nivel de anticuerpos que confiere protección contra la infección o la enfermedad grave en un grupo de edad para una variante determinada ofrecerá la misma protección para otra variante y otro grupo de edad. Esto es absurdo, el punto cero de la ciencia y de la regulación”.

En su opinión, los niños, adolescentes y adultos jóvenes sanos tienen una relación beneficio-riesgo individual desfavorable para estas vacunas, lo que hace que su administración no sea ética. En contra de la opinión de muchos colegas, el profesor Éric Caumes, muy solicitado por los medios de comunicación en el momento álgido de la pandemia, va más lejos: “Desde un punto de vista individual y teniendo en cuenta el estado de los datos científicos, yo diría que la edad en la que la relación beneficio-riesgo de estas vacunas es positiva es a partir de los 60-65 años, en ausencia de comorbilidades [otras enfermedades]”. El exjefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital Pitié-Salpêtrière, que ahora ejerce en el hospital Hôtel-Dieu, ha dedicado un libro a los errores cometidos durante la epidemia (12). El investigador señala que “las voces discrepantes pronto quedaron eliminadas de los ­órganos de decisión. En particular, deberíamos haber rechazado el pasaporte de vacunación”.

El profesor Doshi recuerda que defendió que las vacunas contra la covid estuvieran disponibles “con total transparencia sobre el estado de la ciencia”: “No había ninguna garantía de seguridad ni de eficacia, y existían muchas incertidumbres al respecto. Los gobiernos [al igual que la Organización Mundial de la Salud, OMS] las calificaron de ‘seguras y eficaces’, una fórmula estándar para los medicamentos que se comercializan mediante el procedimiento habitual. Así las cosas, la vacunación masiva se convirtió en una de esas políticas que por mera cuestión de escala descarta la posibilidad de fracaso”. Por su parte, la revista digital European Scientist pide que se distinga entre la defensa de las vacunas covid-19 y la vacunación obligatoria. También pide la publicación íntegra de los datos brutos, que considera la única manera de restablecer la confianza del público en las autoridades sanitarias.

El pasado 25 de octubre, el British Medical Journal lamentaba que la FDA hubiera tardado más de un año en investigar cuatro señales de efectos no deseados graves en ancianos tras la vacuna de Pfizer: infarto de miocardio, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia inmunitaria y embolia pulmonar. La revista informaba de que, mientras tanto, la FDA no había emitido ninguna advertencia, ni a los médicos ni al público. En sitios web como Realnotrare.com, hay docenas de testimonios de personas que informan de acontecimientos adversos, algunos de ellos gravísimos, desde su vacunación, incluidos los de Dressen y De Garay. La mayoría de ellos cuentan que se enfrentan a un muro de negación médica y a menudo a una “psiquiatrización”, es decir, que sus síntomas se atribuyen a ansiedad, depresión, etc. Un abogado de Marsella, Éric Lanzarone, que representa a 300 víctimas de efectos adversos de las vacunas de ARN mensajero, ha emprendido acciones judiciales en su nombre. “Las víctimas se ponen a menudo en contacto conmigo después de haber realizado gestiones ante la Oficina Nacional de Indemnización de Accidentes Médicos, Afecciones Iatrogénicas e Infecciones Nosocomiales (ONIAM) –explica– porque esta no responde o rechaza la indemnización por motivos muy discutibles, especialmente tras una evaluación de los casos por expertos en situación de conflicto de intereses. También desestima sistemáticamente efectos que no aparecen en la literatura científica, a pesar de que no hay suficiente mirada retrospectiva sobre estas vacunas para descartar cualquier causalidad”. Contactada, la ONIAM no ha respondido a nuestras preguntas. Su informe de 2021 menciona 3 indemnizaciones, de entre 243 demandas.

A raíz de una petición, la Oficina Parlamentaria de Evaluación de las Decisiones Científicas y Tecnológicas (OPECST, por sus siglas francesas) lanzó en marzo de 2022 una consulta sobre los efectos indeseados de las vacunas contra la covid. Gran parte de las audiencias se celebraron a puerta cerrada, sin acta de reunión. El informe de situación, publicado en junio, consiste en una continuada alabanza al sistema francés de farmacovigilancia, con una breve mención de los testimonios de pacientes cuyos médicos se negaron a comunicar sus reacciones a este sistema de recolección de datos. Reconoce, con todo, que la comunicación pública sobre efectos no deseados ha sido “más discreta” que la relativa a la necesidad de vacunarse.

“Hemos estimulado las notificaciones –atempera Annie-Pierre Jonville-Béra, presidenta de la Red Francesa de Centros Regionales de Farmacovigilancia (CRPV, por sus siglas francesas)–, en particular incluyendo el enlace para que informaran en la parte inferior del documento que se entrega con la vacunación. Los CRPV han realizado en un año el equivalente a cinco años de actividad. Nuestra labor consiste en detectar nuevos efectos adversos; la de cuantificar el riesgo de que se produzcan incumbe a la farmacoepidemiología”.

Para las “voces críticas” que también declararon ante la OPECST, una parte de los presupuestos de la campaña de vacunación debería haberse dedicado a los efectos no deseados y a la forma de notificarlos. Aure Saulnier, viróloga, aboga por un sistema de “recogida activa”, como la aplicación estadounidense V-safe. La OPECST olvida señalar que los sistemas pasivos de farmacovigilancia “pasan por alto” entre el 82 y el 98% de las reacciones adversas, según la Academia de Medicina.

“Al no mencionar los efectos indeseados y la forma de notificarlos en sus campañas masivas de comunicación y en los correos electrónicos con los que la Dirección General de Sanidad inunda a los profesionales sanitarios, las autoridades públicas no han informado imparcialmente –denuncia el profesor François Alla–. Por ejemplo, se minimizó la miocarditis, sistemáticamente descrita como ‘benigna’, cuando podía requerir hospitalización y cambios en el estilo de vida durante varias semanas. El lema ‘Todos vacunados, todos protegidos’ es una noticia falsa en el sentido original de la expresión. La vacuna no protege contra la transmisión del virus. La generalización de la vacunación a la población adulta, y más tarde a los adolescentes, acompañada de medidas liberticidas, no se basó en los fundamentos científicos habituales”. El médico deplora una “voluntad de reforzar el sentimiento de vulnerabilidad”, una “apuesta construida y asumida por el miedo”, combinada con una ausencia de debate. En un reciente opúsculo que firma con la filósofa Barbara Stiegler, denuncia la consanguinidad y la cooptación en el seno de organismos que aconsejan, validan y luego se autoevalúan (13).

“El Gobierno hizo suyas las proyecciones más alarmistas, e incluso las empeoró, cuando le convenía, sobre todo cuando se aprobó el pasaporte sanitario –afirman Maxime Langevin y Thomas Starck, quienes crearon la página web crítica Covid Scenarios, sobre el uso de las modelizaciones–. Los modelos comunicados dependían del mensaje que quería transmitir, lo que plantea problemas de honestidad intelectual. En su discurso de noviembre de 2020, en el que anunciaba un segundo confinamiento, Emmanuel Macron afirmó que ‘hagamos lo que hagamos’, estaremos en un rango de nueve mil pacientes en las UCI a mediados de noviembre. Algo que de ninguna manera decía el informe del Instituto Pasteur. La realidad sería dos veces inferior” (14).

“Las políticas autoritarias han incidido muy negativamente en la aceptación de la vacunación en general y en la salud mental de la población, actualmente con un tercio de la población francesa que presenta cuadros de ‘ansiedad’ o ‘depresión’, según Santé Publique France [la agencia nacional francesa de salud pública]”, añade Alla. Las prescripciones de medicamentos psicotrópicos se han disparado, según el grupo de interés científico Epi-Phare, y se registró sobre todo un aumento de 3,4 millones de entregas de ansiolíticos de marzo de 2020 a abril de 2021. La defensora de los Derechos ha pedido en dos ocasiones un plan de emergencia para la salud mental de los jóvenes.

Al mismo tiempo, ha aumentado el peso de las farmacéuticas en todos los ámbitos de la sanidad pública. Un ejemplo flagrante: no es la OMS la que ha elegido las cepas que se incluirán en la próxima generación de vacunas contra la covid, sino los fabricantes. Y a finales de agosto, el Wall Street Journal reveló que la FDA se conformaría con estudios con ratones para aprobar versiones “actualizadas” de los refuerzos de vacunas de ARN mensajero. Ni siquiera se han hecho públicos los datos de las pruebas realizadas en estos animales, afirmaba entonces la revista Science (15), señalando que Pfizer solo presentó a la FDA, el pasado mes de junio, “unos resultados preliminares” de ocho ratones triplemente vacunados. Los estudios clínicos comenzaron en septiembre y servirán para solicitar la autorización completa de comercialización, ya que hasta ahora la FDA solo ha concedido la autorización para uso de emergencia.

“Los medios de comunicación se mostraron alarmistas durante la pandemia, al tiempo que trataban de tranquilizar a toda costa a la ciudadanía sobre el tema de las vacunas –considera Michal-Teitelbaum–. En un clima de ofuscación general, apenas se cuestionaron las bases científicas de las decisiones de las autoridades sanitarias y los periodistas se autocensuraron en gran medida, otorgando a las vacunas un estatus de objeto sagrado e intocable. Hay que reconocer que las críticas más virulentas, y no siempre fundadas, procedían a menudo de la extrema derecha, lo que tenía un efecto paralizador; por ello, cualquier crítica se consideró poco creíble”.

El caso Ventavia, revelado en el British Medical Journal, fue minimizado. Facebook calificó el artículo de “desinformación”, provocando que el redactor jefe de la revista enviara una carta abierta al fundador de la red, Mark Zuckerberg, para denunciar una comprobación de datos “inexacta, incompetente e irresponsable” (16). Pero cuando quizá se tocó techo fue con la exclusión por Twitter de la periodista californiana Alex Gutentag, que había publicado información sobre ensayos de vacunas de ARN mensajero en niños. Su cuenta se restableció cuando la plataforma se dio cuenta de que los datos procedían… de un comunicado de prensa de Pfizer.

(1) Angelo Maria Pezzullo, Cathrine Axfors, Despina G. Contopoulos-Ioannidis, Alexandre Apostolatos y John P.A. Ioannidis, “Age-stratified infection fatality rate of Covid-19 in the non-elderly population”, Environmental Research, vol. 216, Elsevier, Ámsterdam, enero de 2023.

(2) John P.A. Ioannidis, “Factors influencing estimated effectiveness of Covid-19 vaccines in non-randomised studies”, BMJ Evidence-Based Medicine, Londres, 25 de marzo de 2022.

(3) Ensayos realizados con varios grupos aleatorizados que reciben diferentes tratamientos con el fin de demostrar un efecto terapéutico.

(4) La Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

(5) “Covid-19 vaccines safety update”, Agencia Europea de Medicamentos, Ámsterdam, 8 de diciembre de 2022.

(6) Joseph Fraiman et al., “Serious adverse events of special interest following mRNA vaccination in randomized trials”, Vaccine, vol. 40, n.º 40, Elsevier, 22 de septiembre de 2022.

(7) Ann R. Falsey et al., “Phase 3 safety and efficacy of AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) Covid-19 vaccine”, New England Journal of Medicine, Boston, 29 de septiembre de 2021, nejm.org

(8) Robert W. Frenck et al., “Safety, immunogenicity, and efficacy of the BNT162b2 Covid-19 vaccine in adolescents”, New England Journal of Medicine, 15 de julio de 2021.

(9) Joanna Le Noury et al., “Restoring study 329: efficacy and harms of paroxetine and imipramine in treatment of major depression in adolescence”, British Medical Journal, vol. 351, Londres, 16 de septiembre de 2015.

(10) Maryanne Demasi, “FDA oversight of clinical trials is ‘grossly inadequate’, say experts”, British Medical Journal, 16 de noviembre de 2022.

(11) Aseem Malhotra, “Being pro-Covid 19 vaccines and pro-transparency are not mutually exclusive –ending all mandates globally and accessing the raw data is now essential to restore trust”, European Scientist, 16 de agosto de 2022, www.europeanscientist.com

(12) Éric Caumes, Urgence sanitaire, Robert Laffont, París, 2020.

(13) François Alla y Barbara Stiegler, Santé publique année zero, Gallimard, col. “Tracts”, París, 2022. Una crítica de este libro se publicó en la página web AOC: Daniel Benamouzig, François Bourdillon, Mélanie Heard, Florence Jusot y Frédéric Sawicki, “La santé publique a-t-elle besoin de telles sciences sociales?”, 28 de junio de 2022, www.aoc.media

(14) Cf. https://evaluation-modelisation-covid.github.io/france/, y también la cuenta de Twitter de Covid Scenarios.

(15) Gretchen Vogel, “Omicron booster shots are coming –with lots of questions”, Science, Washington DC, 30 de agosto de 2022.

(16) Paul D. Thakker, “Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”, British Medical Journal, vol. 375, 17 de diciembre de 2021.

Ariane Denoyel

Periodista, autora de Génération zombie, enquête sur le scandale des antidépresseurs, Fayard, París, 2021

Fuente: Joan Benach en eldiario.es Tribuna abierta 6/4/2023

La precariedad laboral es un fenómeno poliédrico, muy complejo, determinado por múltiples factores. En el trabajo, hallamos factores psicosociales como los elevados ritmos de trabajo, la permanente disponibilidad de las personas que trabajan, o la ausencia de participación

La precariedad de la Atención Primaria dificulta prevenir los suicidios: “No puedes despachar a un paciente en seis minutos”

En 1888, el periódico inglés The Times escribió que “el problema fundamental de la sociedad moderna” era el desempleo. Pocos años más tarde, a finales del siglo XIX, la Cámara de los Comunes británica puso en marcha un Comité para analizar la “angustia por falta de empleo”. Fue la primera vez que una investigación oficial trataba de describir, explicar y hacer propuestas para actuar ante un fenómeno social con enormes repercusiones en la vida y salud de gran parte de la población. Junto al desempleo, hoy en día la precariedad laboral y la salud mental se han convertido en dos temas cruciales. El informe “Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas” o Informe PRESME es el primer estudio global promovido por el gobierno de un país sobre la precariedad laboral y la salud mental. Este informe, presentado en forma de resumen y próximamente publicado en su versión completa en forma de libro, constituye un intento por sintetizar el mejor conocimiento disponible y la información científica más rigurosa para tratar de comprender integralmente y desde múltiples ángulos cómo, en quién y por qué la precariedad laboral y la desigualdad afectan a la salud mental, y qué debemos hacer para remediar una situación que es alarmante.

Hacer buenas preguntas es fundamental en investigación, en política y en la vida en general. El poeta estadounidense Archibald MacLeish apuntó hace más de un siglo una frase intrigante: “Hemos aprendido las respuestas, todas las respuestas: lo que no sabemos es la pregunta.” En este informe no hemos planteado las más de 1.500 preguntas que apuntó el escritor noruego Jostein Gaarder al escribir “El mundo de Sofía” sobre la historia de la filosofía occidental, sino que nos hemos quedado en 47, que no son pocas. Preguntas como: ¿Qué es la precariedad laboral?; ¿sabemos medirla?; ¿cómo afecta a la salud mental?; ¿cuáles son sus causas? ¿por qué necesitamos mejorar el sistema de información e investigación?; ¿cuáles son las principales medidas legislativas para desprecarizar el mercado laboral?; ¿por qué necesitamos un modelo laboral saludable, sostenible y democrático?

La precariedad laboral es un fenómeno poliédrico, muy complejo, determinado por múltiples factores. En el trabajo, hallamos factores psicosociales como los elevados ritmos de trabajo, la permanente disponibilidad de las personas que trabajan, o la ausencia de participación. En el empleo, tenemos las malas condiciones contractuales. Pero la precariedad es un fenómeno multidimensional donde, además de la estabilidad y la seguridad hallamos la vulnerabilidad o indefensión, el tener menos protección y derechos laborales, tener un escaso de poder de negociación, o tener un salario escaso. Recordemos como, a finales de agosto de 2005, una joven envió una carta al director de El País titulada “Yo soy mileurista”, en la que decía que el mileurista no ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día. Por fortuna, actualmente el salario mínimo interprofesional (SMI) ha sobrepasado los 1.000 euros, beneficiando a más de dos millones de personas, pero aún es la aspiración de muchos ni-mileuristas.

España tiene una alta prevalencia de problemas de salud mental, un fenómeno muy medicalizado. Somos uno de los países del mundo que consume más tranquilizantes y antidepresivos. El malestar, el sufrimiento psíquico o la medicalización permanente para aguantar la jornada laboral son hoy una respuesta normalizada donde buena parte de la población se siente culpable de su sufrimiento sin ser plenamente consciente de las causas estructurales de la precariedad. Sin embargo, el sufrimiento psíquico de muchas personas no es un fenómeno individual sino colectivo, y, por lo tanto, su solución debe ser social y política. El informe señala que la precariedad laboral es un determinante social de la salud nocivo que genera ansiedad y depresión, que aumenta el consumo de medicamentos, alcohol y drogas y el riesgo de suicidio, entre otros problemas de salud mental. De ese modo, el “mal empleo” penetra en los cuerpos y mentes de las personas trabajadoras generando daños en la salud, sufrimiento psíquico y trastornos mentales.

Si bien el Informe PRESME recoge numerosas conclusiones (57) y recomendaciones (31), aquí se abordarán solo tres ideas generales. La primera es que la precariedad laboral está ampliamente extendida, afecta seriamente la salud mental y lo hace en forma desigual. Tener precariedad puede significar tener un empleo intermitente, estar subempleado (con un contrato a tiempo parcial no deseado, hacer tareas que requieren un menor nivel educativo del que se tiene), trabajar en situaciones de informalidad y trabajo “sumergido” o ser un pluriempleado y, aun así, apenas llegar a fin de mes. Además de la precariedad de los asalariados, hay múltiples tipos de empleo informal, o del intenso e imprescindible trabajo reproductivo que tantas mujeres realizan en el seno familiar sin salario ni contrato. Silvia Federici ya apuntó que “la cadena de montaje empieza en la cocina, en el lavabo, en nuestros cuerpos”.

Los limitados datos disponibles muestran que en España la mitad de la población activa (casi 12 millones de personas) está en situación de precariedad laboral. Sin embargo, en la era de la inteligencia artificial y el big data, paradójicamente, los sistemas de información actuales son incapaces de monitorizar y explicar integralmente la precarización laboral y sus consecuencias. Necesitamos desarrollar y usar indicadores multidimensionales capaces de comprender integralmente la precariedad laboral y la salud mental. En el informe se señala que el impacto sobre la salud mental es más del doble entre las personas trabajadoras más precarias, y se produce en forma de gradiente: a peor situación de empleo y trabajo, peor es también la salud. La peor situación se ve entre las mujeres, inmigrantes, obreras y jóvenes, así como entre colectivos olvidados como las personas autónomas, las trabajadoras y trabajadores culturales, las personas trans o las personas con diversidad funcional. Según las estimaciones de la Comisión, con datos de 2020, del más de medio millón de personas entre la población activa que en ese año sufrieron depresión, al menos una tercera parte se hubiera podido evitar de no haber tenido un trabajo precario. Por todo ello, la Comisión recomienda medir, analizar y evaluar la precariedad laboral y los problemas de salud mental de forma integral para poder comprender y cambiar todos sus nocivos efectos.

Una segunda conclusión es la necesidad de mejorar las condiciones de protección, salud y cuidados de la población trabajadora. Enunciemos tan sólo algunas recomendaciones. Es necesario mejorar notablemente el sistema de salud laboral y desmercantilizar, desmedicalizar y desprecarizar el sistema de sanidad pública; desarrollar un servicio público de salud mental universal, equitativo, gratuito, humano y de calidad, centrado en la atención primaria y los determinantes sociales de la salud; y desarrollar el estado del bienestar, aumentar el gasto e ingresos públicos y los derechos laborales y sociales garantizando plenamente el acceso a la protección social y desarrollando un sistema público de cuidados.

Con la COVID-19 se habló mucho, en forma retórica las más de las veces, de la importancia de los/as “trabajadores/as esenciales” (enfermeras, cajeras, médicos, educadoras, camareros, transportistas, limpiadoras, trabajadores de la fábrica, cuidadoras de niños o ancianos, trabajadoras de servicios sociales, periodistas y tantos otros), trabajos que a menudo realiza la clase trabajadora o una clase media proletarizada, con una sobrerrepresentación de mujeres y migrantes. Trabajos imprescindibles, pero poco valorados, mal pagados e invisibilizados, que siguen siendo esenciales pero que siguen estando precarizados. Evitar la precariedad, dar seguridad a todas las personas y preservar su salud, a la par que pacificar las relaciones con el medio ambiente, debe ser el imperativo ético de todo buen gobierno. El deseo de las decenas de personas que hemos colaborado en el informe PRESME es contribuir a mejorar el trabajo, la salud y la calidad vida de tantos millones de personas, muchas de las cuales sufren en silencio o incluso de forma culpable problemas que pueden (y deben) ser evitados. Ahora que hemos celebrado el día de la mujer trabajadora, vale la pena recordar el lema de las sufragistas a principios del siglo XX cuando decían que las trabajadoras querían el pan, pero también las rosas. Eso quiere decir que no se trata de trabajar para simplemente poder existir, sino de conseguir que todas las personas tengan el derecho a trabajar y vivir dignamente en un entorno habitable y con una buena salud. Como diría la periodista filipina, Maria Ressa, la pregunta -una pregunta más- es: ¿qué estamos dispuestos a hacer, a sacrificar, para lograrlo?