Salud mental y precariedad laboral, Joan Benach

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En 1888, el periódico inglés The Times escribió que “el problema fundamental de la sociedad moderna” era el desempleo. Pocos años más tarde, a finales del siglo XIX, la Cámara de los Comunes británica puso en marcha un Comité para analizar la “angustia por falta de empleo”. Fue la primera vez que una investigación oficial trataba de describir, explicar y hacer propuestas para actuar ante un fenómeno social con enormes repercusiones en la vida y salud de gran parte de la población. Junto al desempleo, hoy en día la precariedad laboral y la salud mental se han convertido en dos temas cruciales.
El informe “Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas” o Informe PRESME es el primer estudio global promovido por el gobierno de un país sobre la precariedad laboral y la salud mental. Este informe, presentado en forma de resumen y próximamente publicado en su versión completa en forma de libro, constituye un intento por sintetizar el mejor conocimiento disponible y la información científica más rigurosa para tratar de comprender integralmente y desde múltiples ángulos cómo, en quién y por qué la precariedad laboral y la desigualdad afectan a la salud mental, y qué debemos hacer para remediar una situación que es alarmante.
Hacer buenas preguntas es fundamental en investigación, en política y en la vida en general. El poeta estadounidense Archibald MacLeish apuntó hace más de un siglo una frase intrigante: “Hemos aprendido las respuestas, todas las respuestas: lo que no sabemos es la pregunta.” En este informe no hemos planteado las más de 1.500 preguntas que apuntó el escritor noruego Jostein Gaarder al escribir “El mundo de Sofía” sobre la historia de la filosofía occidental, sino que nos hemos quedado en 47, que no son pocas. Preguntas como: ¿Qué es la precariedad laboral?; ¿sabemos medirla?; ¿cómo afecta a la salud mental?; ¿cuáles son sus causas? ¿por qué necesitamos mejorar el sistema de información e investigación?; ¿cuáles son las principales medidas legislativas para desprecarizar el mercado laboral?; ¿por qué necesitamos un modelo laboral saludable, sostenible y democrático?
La precariedad laboral es un fenómeno poliédrico, muy complejo, determinado por múltiples factores. En el trabajo, hallamos factores psicosociales como los elevados ritmos de trabajo, la permanente disponibilidad de las personas que trabajan, o la ausencia de participación. En el empleo, tenemos las malas condiciones contractuales. Pero la precariedad es un fenómeno multidimensional donde, además de la estabilidad y la seguridad hallamos la vulnerabilidad o indefensión, el tener menos protección y derechos laborales, tener un escaso de poder de negociación, o tener un salario escaso. Recordemos como, a finales de agosto de 2005, una joven envió una carta al director de El País titulada “Yo soy mileurista”, en la que decía que el mileurista no ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día. Por fortuna, actualmente el salario mínimo interprofesional (SMI) ha sobrepasado los 1.000 euros, beneficiando a más de dos millones de personas, pero aún es la aspiración de muchos ni-mileuristas.
España tiene una alta prevalencia de problemas de salud mental, un fenómeno muy medicalizado. Somos uno de los países del mundo que consume más tranquilizantes y antidepresivos. El malestar, el sufrimiento psíquico o la medicalización permanente para aguantar la jornada laboral son hoy una respuesta normalizada donde buena parte de la población se siente culpable de su sufrimiento sin ser plenamente consciente de las causas estructurales de la precariedad. Sin embargo, el sufrimiento psíquico de muchas personas no es un fenómeno individual sino colectivo, y, por lo tanto, su solución debe ser social y política. El informe señala que la precariedad laboral es un determinante social de la salud nocivo que genera ansiedad y depresión, que aumenta el consumo de medicamentos, alcohol y drogas y el riesgo de suicidio, entre otros problemas de salud mental. De ese modo, el “mal empleo” penetra en los cuerpos y mentes de las personas trabajadoras generando daños en la salud, sufrimiento psíquico y trastornos mentales.
Si bien el Informe PRESME recoge numerosas conclusiones (57) y recomendaciones (31), aquí se abordarán solo tres ideas generales. La primera es que la precariedad laboral está ampliamente extendida, afecta seriamente la salud mental y lo hace en forma desigual. Tener precariedad puede significar tener un empleo intermitente, estar subempleado (con un contrato a tiempo parcial no deseado, hacer tareas que requieren un menor nivel educativo del que se tiene), trabajar en situaciones de informalidad y trabajo “sumergido” o ser un pluriempleado y, aun así, apenas llegar a fin de mes. Además de la precariedad de los asalariados, hay múltiples tipos de empleo informal, o del intenso e imprescindible trabajo reproductivo que tantas mujeres realizan en el seno familiar sin salario ni contrato. Silvia Federici ya apuntó que “la cadena de montaje empieza en la cocina, en el lavabo, en nuestros cuerpos”.
Los limitados datos disponibles muestran que en España la mitad de la población activa (casi 12 millones de personas) está en situación de precariedad laboral. Sin embargo, en la era de la inteligencia artificial y el big data, paradójicamente, los sistemas de información actuales son incapaces de monitorizar y explicar integralmente la precarización laboral y sus consecuencias. Necesitamos desarrollar y usar indicadores multidimensionales capaces de comprender integralmente la precariedad laboral y la salud mental. En el informe se señala que el impacto sobre la salud mental es más del doble entre las personas trabajadoras más precarias, y se produce en forma de gradiente: a peor situación de empleo y trabajo, peor es también la salud. La peor situación se ve entre las mujeres, inmigrantes, obreras y jóvenes, así como entre colectivos olvidados como las personas autónomas, las trabajadoras y trabajadores culturales, las personas trans o las personas con diversidad funcional. Según las estimaciones de la Comisión, con datos de 2020, del más de medio millón de personas entre la población activa que en ese año sufrieron depresión, al menos una tercera parte se hubiera podido evitar de no haber tenido un trabajo precario. Por todo ello, la Comisión recomienda medir, analizar y evaluar la precariedad laboral y los problemas de salud mental de forma integral para poder comprender y cambiar todos sus nocivos efectos.
Una segunda conclusión es la necesidad de mejorar las condiciones de protección, salud y cuidados de la población trabajadora. Enunciemos tan sólo algunas recomendaciones. Es necesario mejorar notablemente el sistema de salud laboral y desmercantilizar, desmedicalizar y desprecarizar el sistema de sanidad pública; desarrollar un servicio público de salud mental universal, equitativo, gratuito, humano y de calidad, centrado en la atención primaria y los determinantes sociales de la salud; y desarrollar el estado del bienestar, aumentar el gasto e ingresos públicos y los derechos laborales y sociales garantizando plenamente el acceso a la protección social y desarrollando un sistema público de cuidados.
Y tercera conclusión, el abordaje de la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental requiere poner en práctica otras medidas legales, laborales y económicas a múltiples niveles: impulsar un modelo de regulación de las relaciones laborales a partir de un nuevo Estatuto de las personas trabajadoras para el siglo XXI; abrir el debate sobre nuevas formas de organización de las empresas y el trabajo; reforzar los derechos colectivos y avanzar en la democratización del trabajo; e impulsar debates sociales en torno al reparto del trabajo, el trabajo garantizado, la renta básica universal y la desprecarización laboral en el seno de la crisis ecológica. Debemos realizar una profunda y urgente transición ecosocial que haga compatible la desprecarización del trabajo con formas de vida y consumo que hagan posible la vida en el planeta. Como ha señalado el político francés, Florent Marcellesi, se trata de no tener que escoger entre evitar el fin del mundo y llegar a fin de mes.
Con la COVID-19 se habló mucho, en forma retórica las más de las veces, de la importancia de los/as “trabajadores/as esenciales” (enfermeras, cajeras, médicos, educadoras, camareros, transportistas, limpiadoras, trabajadores de la fábrica, cuidadoras de niños o ancianos, trabajadoras de servicios sociales, periodistas y tantos otros), trabajos que a menudo realiza la clase trabajadora o una clase media proletarizada, con una sobrerrepresentación de mujeres y migrantes. Trabajos imprescindibles, pero poco valorados, mal pagados e invisibilizados, que siguen siendo esenciales pero que siguen estando precarizados. Evitar la precariedad, dar seguridad a todas las personas y preservar su salud, a la par que pacificar las relaciones con el medio ambiente, debe ser el imperativo ético de todo buen gobierno. El deseo de las decenas de personas que hemos colaborado en el informe PRESME es contribuir a mejorar el trabajo, la salud y la calidad vida de tantos millones de personas, muchas de las cuales sufren en silencio o incluso de forma culpable problemas que pueden (y deben) ser evitados. Ahora que hemos celebrado el día de la mujer trabajadora, vale la pena recordar el lema de las sufragistas a principios del siglo XX cuando decían que las trabajadoras querían el pan, pero también las rosas. Eso quiere decir que no se trata de trabajar para simplemente poder existir, sino de conseguir que todas las personas tengan el derecho a trabajar y vivir dignamente en un entorno habitable y con una buena salud. Como diría la periodista filipina, Maria Ressa, la pregunta -una pregunta más- es: ¿qué estamos dispuestos a hacer, a sacrificar, para lograrlo?
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Publicado en el diario.es el 6 de abril de 2023 

Cómo reducir el impacto ambiental de los medicamentos

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Fuente: Therapeutics Initiative 20 de junio de 2023

En principio los médicos no pueden considerar los impactos ambientales adversos cuando recetan o dispensan medicamentos. Pero la crisis climática ahora hace que sea esencial que todos consideren los impactos de todo lo que hacemos incluido el cuidado de la salud. 1  La estimación de los beneficios y daños al tomar la decisión de recomendar un tratamiento farmacológico ahora debe incluir la consideración de los daños ambientales de esa decisión.

En Canadá, el 4,6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) son atribuibles a nuestro sistema de atención médica. De esto, una cuarta parte (1,2% de los GEI) proviene de las drogas. 2 En la atención primaria británica, los medicamentos son responsables de aproximadamente la mitad de las emisiones de GEI y alrededor del 13 % proviene de los inhaladores de dosis medida presurizados (pMDI). 3

La producción de medicamentos requiere la extracción y el transporte de materias primas, la fabricación de productos terminados, el empaque, el envío y, en última instancia, la eliminación de medicamentos y desechos. Cada paso produce emisiones de GEI y contribuye a la contaminación del aire, la tierra y el agua. 4 Los efluentes de la fabricación de productos farmacéuticos, las drogas excretadas en los desechos humanos y animales y la eliminación de drogas han contaminado las aguas de comunidades remotas de las Primeras Naciones en Canadá 5 e incluso los mares antárticos. 6 , 7 Los efectos ecológicos de esta contaminación farmacéutica están documentados en vías fluviales, especies acuáticas y cadenas alimentarias. 8

El empaque a menudo constituye gran parte de la huella de un medicamento. 4 Podemos evitar las muestras promocionales sobreenvasadas, los blísteres de «adherencia» no esenciales y la dispensación frecuente. La prescripción de ensayos breves de nuevos medicamentos puede reducir el desperdicio de medicamentos que no se toleran o resultan ineficaces. Para las personas que toman dosis estables de medicamentos, dividir las píldoras puede reducir los costos del paciente y de la cadena de suministro. 9 Elegir tratamientos intrínsecamente de acción prolongada (como dispositivos anticonceptivos intrauterinos) y formulaciones orales en lugar de parenterales reduce los impactos. Un análisis de los tratamientos para la diabetes realizado en el Reino Unido sugiere que durante 30 años, el uso exclusivo de fármacos orales ahorraría un 20 % de las emisiones de C0 2 , en comparación con la adición de insulina durante el mismo período. 10

¿Cómo pueden responder los médicos éticos y responsables a la evidencia actualizada y las advertencias urgentes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de 2023 1 sobre los terribles impactos globales de los GEI antropogénicos y la otra contaminación ambiental generada por nuestro trabajo diario?

Mitigar los impactos climáticos mediante la prescripción y desprescripción conservadoras. El informe de The Lancet de 2019 de su Comisión sobre dietas saludables de sistemas alimentarios sostenibles recomendó cambiar hacia dietas ricas en plantas como una acción clave para abordar el cambio climático y mejorar la salud. 11 Centrarse no solo en el tratamiento, sino también en la prevención previa, abordando los determinantes sociales y ambientales de la salud, también es esencial para lograr un sistema sostenible. 12 Como alternativas a la dependencia de los productos farmacéuticos, existe evidencia de múltiples beneficios para la salud y el medio ambiente a corto y largo plazo al prescribir la exposición a la naturaleza («recetas verdes»), 13 , 14 prescribir ejercicio y transporte activo, 15 , 16 y para la vida social. prescripciones 17 ,18

Un informe de The Lancet de 2015 concluyó que “hacer frente al cambio climático podría ser la mayor oportunidad de salud global del siglo XXI”. 19 Reducir el uso excesivo de medicamentos es consistente con este objetivo. El Director Farmacéutico de Inglaterra estimó que al menos el 10 % de todas las recetas en atención primaria «no tenían por qué haber sido emitidas» 20 y señaló que alrededor del 5 % de los 18.820 ingresos hospitalarios en Liverpool durante 2001-2002 fueron causados ​​por reacciones adversas a medicamentos (RAM). 21 Esa estimación se actualizó en el mes de noviembre de 2019, encontrando que en el 16,5 % de más de 1000 hospitalizaciones en Liverpool los efectos aversos de los medicamnetos eran la causa o habían contribuido a las hospitalizaciones. 22

Un objetivo relativamente fácil y no controvertido para la deprescripción es el uso excesivo de inhibidores de la bomba de protones (IBP). 23 Las estimaciones del uso excesivo de PPI oscilan entre el 40 y el 65 %, y los PPI pueden causar daños graves pero evitables en las personas mayores. 24 Otro objetivo es el uso excesivo de antibióticos. La resistencia a los antimicrobianos se considera una emergencia sanitaria mundial, 25 pero en los Estados Unidos al menos el 30 % de los antibióticos ambulatorios se recetan sin una indicación adecuada. 26 Se ha demostrado que un enfoque de «esperar y ver», usando prescripciones diferidas o reevaluación cuando sea necesario, es seguro para algunas afecciones como la otitis media aguda y las infecciones virales comunes. 27 , 28

Elegir sabiamente en lugar de sobrediagnosticar. Los factores sistémicos complejos y la dinámica individual del proveedor/paciente pueden empujar a los médicos hacia un sobrediagnóstico y sobretratamiento, pero sin un beneficio real para los pacientes, solo el riesgo de daños potenciales. 29 Reconocer los impulsores de la prescripción excesiva ayuda a evitar su influencia. 30 Por ejemplo, una cuarta parte de los residentes de cuidados a largo plazo en BC todavía reciben antipsicóticos sin un diagnóstico de psicosis. 31 Apreciar los factores sistémicos que impulsan esto hace posible reducir los antipsicóticos a través de programas coordinados de mejora de la calidad. 32 Choosing Wisely Canada y otras organizaciones como Canadian Deprescribing NetworkOfrecer recursos para pacientes y proveedores para ayudar a reducir el uso excesivo. La prescripción conservadora puede disminuir la carga de trabajo clínico al reducir la necesidad de monitoreo de seguimiento, visitas de reabastecimiento y complicaciones, todo lo cual también tiene impactos ambientales.

La educación y la participación del paciente son parte integral de las soluciones. Por lo general, las personas toman solo la mitad de las dosis prescritas de medicamentos. 33 Podemos suponer que esto se debe al costo, malentendidos o efectos adversos de los medicamentos. Pero algunos pacientes simplemente prefieren no tomar medicamentos y es posible que no se lo digan a sus médicos. 34 , 35 Tales fallas en la comunicación son una causa importante de desperdicio que se puede remediar preguntando a los pacientes “¿ Qué es lo que te importa? ” 36 y respetando las preferencias del paciente, especialmente en caso de enfermedad grave o cerca del final de la vida. 37 Capacitar a los pacientes con información y herramientas para la participación activa en la elección de medicamentos también puede mejorar los resultados y la adherencia. 38 , 39

Los estudios en varios países muestran que una gran mayoría de los pacientes están de acuerdo con la afirmación: “ Si mi médico dijera que es posible, estaría dispuesto a dejar de tomar uno o más de mis medicamentos ”. 40 Cuando están completamente informados , muchos pacientes optan por menos, en lugar de más tratamiento. 41

La toma de decisiones clínicas compartida ayuda a informar a los pacientes sobre las opciones y permite que sus valores guíen el tratamiento adecuado. 42 Los médicos y los pacientes (y sus familias) generalmente sobrestiman los beneficios potenciales, pero subestiman los daños potenciales de los medicamentos. 43 En lugar de aceptar las reducciones de riesgo relativo de los medicamentos y otros tratamientos que se promueven con frecuencia, podemos informar mejor a los pacientes explicando los beneficios del tratamiento en términos absolutos. Use la reducción del riesgo absoluto y el número necesario a tratar para ilustrar los beneficios potenciales, y el aumento del riesgo absoluto y el número necesario para dañar para alertar a los pacientes sobre los daños potenciales. 44

Almacenamiento o eliminación de medicamentos no utilizados.  Las fechas de caducidad de los medicamentos se establecen con fines legales y de marketing, no de seguridad. Los medicamentos almacenados adecuadamente conservan la mayor parte de su eficacia durante muchos años más allá de su fecha de «caducidad» oficial. Solo se ha documentado que la tetraciclina tiene efectos adversos después de la expiración. 45

Asegurarse de que los pacientes comprendan la importancia de desechar correctamente los medicamentos en la farmacia, especialmente los inhaladores usados, puede reducir la contaminación ambiental. La Health Products Stewardship Association trabaja con farmacias comunitarias para garantizar que los productos farmacéuticos se eliminen de la manera más respetuosa con el medio ambiente. 46

Cambiar a inhaladores de polvo seco. La forma más fácil y más impactante de reducir los GEI en la atención primaria es evaluar la necesidad y la técnica del inhalador, y cambiar de inhaladores de dosis medidas presurizados (pMDI) a inhaladores de polvo seco (DPI). 47 , 48 Un ensayo aleatorizado del Reino Unido de 2236 asmáticos encontró: «Los pacientes que cambiaron de una terapia de mantenimiento basada en pMDI a una basada en DPI redujeron a más de la mitad la huella de carbono de su inhalador sin perder el control del asma». 49 El Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido 50 y la Sociedad Torácica Británica 51 recomiendan cambiar a DPI.

Los propulsores de hidrofluorocarbono en los pMDI son de 370 a 3300 veces más potentes como GEI que el CO 2 . 51 El impacto de 100 inhalaciones de un pMDI promedio equivale a unos 300 km de un viaje promedio en automóvil. 47 En Suecia, los DPI representan el 87% del uso de inhaladores, 52 un porcentaje mucho más alto que en BC. 53 Un informe de 2023 en el British Columbia Medical Journal estima que la sustitución de DPI por pMDI podría reducir los GEI de los inhaladores en un 78 %, evitando hasta 6600 toneladas de emisiones de CO 2 solo en la región de Fraser Health.53 Enumera las razones clínicas para preferir los DPI en la mayoría de los pacientes, muestra que los precios de BC de los DPI son similares a los pMDI y proporciona un gráfico que clasifica los inhaladores por su impacto climático. Para obtener una versión interactiva con precios y cobertura de PharmaCare, consulte: www.bcinhalers.ca

Conclusiones

  • Elija terapias de menor impacto ambiental o no farmacológicas cuando sea posible.
  • Revisar los medicamentos con regularidad y desprescribirlos cuando corresponda.
  • Minimice el desperdicio de envases y medicamentos y eduque a los pacientes sobre cómo desecharlos correctamente.
  • Cambie de inhaladores presurizados de dosis medidas a inhaladores de polvo seco.

Votar por la Sanidad Pública, FADSP

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El próximo 23 de julio la ciudadanía está de nuevo convocada a las urnas en unas elecciones generales, en plena temporada estival, y que se adelantan 5 meses sobre el plazo previsto.

Hay que ser conscientes de la situación crítica en la que se encuentra nuestro sistema sanitario, y de la importancia que tienen las próximas elecciones para el futuro del mismo, porque, aunque los temas relacionados con la sanidad y la salud tienen poco protagonismo en las campañas electorales, sin embargo, están muy influidos por sus resultados.

Durante años los gobiernos del PP se han dedicado a recortar, deteriorar, desmantelar y privatizar la Sanidad Pública, y el último gobierno, no ha realizado avances significativos para paliar esta situación, a pesar de las promesas realizadas, con lo que los problemas se han ido cronificando. Por lo tanto, se precisa para garantizar la Sanidad Pública, adoptar de manera urgente las siguientes medidas que no pueden postergarse más.

Financiación suficiente y finalista

La Sanidad Pública precisa de una financiación suficiente para recuperarse de los problemas generados por la etapa de brutales recortes de la crisis anterior y la pandemia. Consideramos que la financiación pública debería situarse al menos en el 8% del PIB. Por otro lado, habría que acabar con la gran variabilidad de los presupuestos per cápita existentes en este momento entre las CCAA. Por ello, creemos que la financiación sanitaria debería ser finalista e ir ligada al cumplimiento de los objetivos del Plan Integrado de Salud que tendría que aprobarse de manera urgente, también como un instrumento de cohesión y coordinación entre los distintos territorios.

Acabar con las exclusiones

El RDL 16/2012 estableció importantes exclusiones en el acceso al sistema sanitario, tanto en razón de la situación, regularizada o no en nuestro país, como con otros criterios todos ellos inadmisibles. El RDL 7/2018 de Sanidad Universal palió en parte esta situación, pero todavía siguen produciéndose numerosos problemas por una interpretación cicatera de CCAA que plantean problemas importantes que limitan el acceso a la atención sanitaria. Por ello, entendemos que es importante garantizar la atención sanitaria a todas las personas que se encuentren en el país.

Parar privatizaciones y recuperar lo privatizado

Pese a que existe una cierta imagen pública de que se logró paralizar la ofensiva privatizadora de la Sanidad, la realidad es que no ha sucedido así y si bien es cierto que se lograron detener algunas iniciativas privatizadoras en lugares concretos, no lo es menos que se ha continuado el proceso privatizador, en general con medidas menos llamativas y mas silenciosas, y que la pandemia se aprovechó para profundizarla en algunas CCAA. La evaluación de este proceso es contundente, se aumentó el coste de los servicios, se favoreció la corrupción y no se mejoró la atención sanitaria. Por todo ello, es urgente, primero paralizar las privatizaciones y luego recuperar lo privatizado para lo que, como se ha comprobado, lo fundamental es la decidida voluntad política para realizarlo.

Utilización intensiva recursos públicos

El proceso privatizador ha ido paralelo a una subutilización sistemática de los recursos de la Sanidad Pública que se han ido deteriorando de una manera intencionada, por eso es importante garantizar la utilización intensiva de los grandes recursos tecnológicos e infraestructuras de la Sanidad Pública, para lo que obviamente se requiere un aumento significativo del empleo en el sector, ampliando de manera significativa los efectivos y el papel de la enfermería en la Sanidad Pública.

Control y racionalización gasto farmacéutico

El gasto farmacéutico financiado con recursos públicos no ha cesado de incrementarse en estos años (47,01% de aumento en el gasto total entre 2014-2022 y 76,51% en el gasto hospitalario), favorecido por un pacto con Farmaindustria que le garantiza a esta un crecimiento del gasto en paralelo con el PIB, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario. Hay, además, una utilización poco racional de los medicamentos y una poderosa influencia de la industria en aspectos clave como el de la formación continuada de los profesionales. Entendemos que hay que garantizar un crecimiento del gasto farmacéutico por debajo del aumento de los presupuestos sanitarios, racionalizar la utilización y poner freno a las políticas abusivas de la industria (desabastecimientos, precios, etc.), propiciar una industria farmacéutica pública y establecer criterios y estándares de conducta del sistema sanitario que pongan fin a los actuales conflictos de interés.

Controlar la sobreutilización

La sobreutilización no se produce solo en la farmacia sino en casi todos los aspectos relacionados con las tecnologías sanitarias (se considera que en torno al 30% de las actuaciones en este ámbito no están justificadas). Es necesaria una activa intervención para mejorar la utilización y reducir la variabilidad, intervenciones que sobre todo deben tener un entorno de cambio en la cultura profesional, potenciado instrumentos como la evidencia científica y la seguridad de los pacientes.

Potenciar la Atención Primaria

La Atención Primaria tiene que se ser la clave y la base de todo el sistema sanitario. La AP es el nivel con capacidad desarrollar las actividades de  promoción y prevenir de la salud (adelantándose el daño que supone la enfermedad); facilitar el acceso de la población al Sistema en condiciones de equidad; realizar la asignación racional y eficiente de los recursos (en base a  las necesidades de las personas); garantizar la continuidad a los cuidados de salud a lo largo de todas las etapas vitales; permitir la participación social en la planificación y control des sistema sanitario. Por ello entendemos que es fundamental su potenciación, garantizando la atención en un máximo de 48 horas y de manera presencial cuando así los soliciten los usuarios, para lo que es necesario dotarla del presupuesto suficiente (25% del gasto sanitario público) y de las plantillas profesionales que lo hagan posible.

Reorientar la política de personal

La política de personal es una de las claves del sistema sanitario y ha sido sistemáticamente abandonada en estos años en los que el personal sanitario es quien ha sufrido especialmente los recortes (menos personal, peores condiciones laborales, etc.). Hace falta una nueva política que garantice unas condiciones laborales dignas, potencie la adherencia de los profesionales al servicio público (dedicación exclusiva) y asegure una formación continuada independiente de los intereses comerciales.

Dar protagonismo a la Salud Pública

La Salud Pública (SP) esta postergada en nuestro sistema sanitario, porque, aunque existe una Ley General de Salud Pública (33/2011), esta no se ha desarrollado en todos estos años y hay una gran desconexión con entre la Salud Pública y el sistema asistencial, como se demostró en la pandemia. Necesitamos potenciar la Salud Pública haciendo efectiva la Ley, poner en marcha la Agencia de Salud Pública y aprobar el Plan Integrado de Salud y favoreciendo la relación entre AP y SP.

Desarrollar mecanismos efectivos de participación social y profesional

La Sanidad Pública es propiedad de la ciudadanía y por eso parece necesario que exista la capacidad de quienes mantenemos el sistema con nuestros impuestos de hacer seguimiento, ser escuchados y participar en las tomas de decisiones del sistema sanitario, es decir de participar para la gestión de lo que es de todos/as, la Sanidad Pública.

Nuestro voto, el de todos y todas, va a ser fundamental, porque a la postre en estas elecciones se dilucida si se impone el bipartito neoliberal de ultraderecha con sus propuestas de continuar los recortes, el desmantelamiento y la privatización de la Sanidad Pública, o una concepción mas social de nuestro país que profundice y recupere unos servicios públicos de calidad para todas las personas.

Es posible que podamos pensar, y con razón, que los partidos que sustentan el gobierno no hayan hecho bien algunas cosas, pero es evidente que su alternativa solo ofrece en cuanto a la política sanitaria un mayor deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública, por eso es tan importante votar, porque de no hacerlo estaremos favoreciendo un escenario de empeoramiento significativo del sistema sanitario público.

Por eso es sumamente importante ir a votar, para que nadie decida por nosotros. Así como para votar por aquellos partidos que se proponen recuperar, promover y consolidar una Sanidad Pública de calidad, universal, gratuita en el momento del uso, basada en la Atención Primaria y la provisión pública.