Queridas compañeras y queridos compañeros:
Hoy se vota, en el Parlamento Europeo, del tratado de libre comercio con Canadá (CETA por sus siglas en inglés), igual de peligroso que el TTIP. El CETA busca una mayor privatización de los servicios públicos y, según estudios independientes, provocaría la pérdida de 204.000 puestos de trabajo para la Unión Europea y pondría en peligro 90 millones de puestos de trabajo, lo cual afectaría a las pymes, pues quedan expuestas a toda la fuerza de la competencia de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas y canadienses.
Las plataformas de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Irlanda y Austria han hecho un llamamiento a la movilización y están organizando autobuses a Estrasburgo.
En la votación del Comité de Comercio Internacional del pasado 24 de enero vimos cómo el grupo socialdemócrata (S&D) está dividido y todavía hay posibilidades de evitar la ratificación del tratado por la eurocámara. Por la relevancia del CETA es importante que hagamos mucho ruido, tanto en redes sociales como ante el Parlamento Europeo el día 15 de febrero. Siguiendo nuestro lema en las movilizaciones del 21 de enero: «¡Este tratado lo vamos a parar!».
Por ello, os pedimos la mayor difusión para que la ciudadanía pueda comprender el alcance de la ratificación de este acuerdo y de los demás tratados de libre comercio que tiene la Comisión entre manos.
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• El CETA supone la aceptación de que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Este acuerdo consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente.
• En el texto de este acuerdo el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.
• El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
• El CETA hace que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
• Un
estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE.
• El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
• Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
• Tanto en Canadá como en la UE, el CETA expondría a agricultoras y agricultores a más presión debido a la competitividad comercial, lo que supondría una debilitación de este sector. Asimismo supondría un mayor impedimento para las políticas de compra pública de promoción de productos de cercanía y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
• El CETA pone en grave riesgo el principio de precaución consagrado en el Tratado de la UE, principio que protege a consumidores, salud pública y medio ambiente.
