En 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la iniciativa 25×25, un plan para atajar la mortalidad debida a enfermedades no transmisibles –como el cáncer o las patologías cardiovasculares– en un 25% para 2025. Para ello, pidió a los gobiernos que actuaran contra los seis mayores factores de riesgos que provocan estas enfermedades: el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes y la obesidad.
| LA PRECARIEDAD MATA |
Los factores socioeconómicos no fueron incluidos en el plan. Un error que podría ser mayúsculo, según un nuevo estudio publicado en The Lancet, que ha relacionado el estatus socieconómico –en concreto, el puesto de trabajo– con la mortalidad en más de 1,7 millones de personas de Reino Unido, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos y Australia.
Aunque la influencia del estatus socieconómico en los indicadores de salud ya ha sido analizado en otros estudios, esta investigación es la primera que compara su impacto con el resto de factores de riesgo. Y sus conclusiones son sorprendentes.
Comparativamente, la hipertensión, la obesidad y el excesivo consumo de alcohol reducen menos la esperanza de vida (1,6, 0,7 y 0,5 años, respectivamente) que un bajo nivel socioeconómico, que se asocia a una longevidad 2,1 años menor. Su impacto es similar al del sedentarismo (2,4 años menos de vida, de media) y solo es superado en riesgo por el tabaquismo y la diabetes (4,8 y 3,9 años, respectivamente).
En comparación con sus homólogos más ricos, las personas con bajo nivel socioeconómico eran casi 1,5 veces (46%) más propensas a morir antes de los 85 años de edad. Entre las personas de bajo nivel socioeconómico, 55.600 fallecieron antes de los 85 años, frente a las 25.452 personas con alto nivel socioeconómico que no llegaron a esa edad.
“Teniendo en cuenta el enorme impacto del estatus socioeconómico en la salud, es vital que los gobiernos lo consideren un factor de riesgo importante y dejen de excluirlo de las políticas de salud”, asegura la autora principal del estudio, Silvia Stringhini, investigadora del Hospital Universitario de Lausana (Suiza). “Reducir la pobreza, mejorar la educación y crear ambientes laborales, educativos y familiares seguros es fundamental para superar el impacto sobre la salud de los factores socieconómicos”.
Los autores del estudio reconocen que no han descubierto la rueda: es bien sabido que la falta de educación, las malas condiciones laborales y, en definitiva, la pobreza, influyen enormemente en la salud de la población, pero insisten en que es necesario que las políticas de salud pública tengan en cuenta el estatus socieconómico como un factor de riesgo en sí mismo.
| Las políticas de salud pública que beneficiarían a los más desfavorecidos son aquellas “de abajo a arriba”, como deducciones fiscales o la educación infantil gratuita |
“El estatus socioeconómico es importante porque es una medida que resume las exposiciones durante toda la vida a circunstancias y comportamientos peligrosos para la salud, que van más allá de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles que suelen abordar las políticas de salud pública”, asegura Paolo Vineis, autor principal del estudio y profesor del Imperial College London (Reino Unido).
No solo la estrategia 25×25 de la OMS ignora los factores socioeconómicos, estos tampoco aparecen en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El tercero de ellos se centra en la salud, pero no menciona el papel de los condicionantes sociales; y el primero y cuarto abordan la eliminación de la pobreza y la implementación de la educación primaria obligatoria en todo el mundo, pero no mencionan la reducción de inequidades en salud como un objetivo explícito.
| UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN QUE FAVORECE A LOS RICOS |
En un artículo de opinión que acompaña al estudio, Martin Tobias, fundador de la empresa Tobias + Cheung Consulting, señala que “las personas de un entorno socioeconómico desfavorecido tienen menos poder para determinar su propio destino, carecen de recursos materiales y tienen unas oportunidades limitadas, lo que, según señalas los autores del estudio, modela tanto su estilo de vida como sus circunstancias”.
Podríamos pensar que los gobiernos ya tienen en cuenta el estatus socieconómico al elaborar políticas de salud pública, pero no es cierto. Como señala Tobias, la mayor parte de los programas de promoción de la salud inciden en políticas “de arriba abajo”, como puede ser la ayuda para dejar de fumar o ponerse a dieta, que típicamente favorecen a los más privilegiados, que tienen más fácil acceder a recursos materiales y sociales que les ayuden en un cambio de hábitos. Sin embargo, las políticas de salud pública que beneficiarían a los más desfavorecidos son aquellas “de abajo a arriba”, como deducciones fiscales o la educación infantil gratuita, que son las que verdaderamente garantizan la equidad.
“¿No son jerárquicas todas las sociedades modernas?”, se pregunta Tobias. Sin duda alguna, pero la evidencia sugiere que la desigualdad social puede variar en intensidad, y su impacto sobre la salud puede ser mejorado, al menos en parte”