Desde la Plataforma en defensa de la Salud y la Sanidad pública de Asturias apoyamos la convocatoria de huelga y movilización del día 8 de marzo, que tiene el objetivo de denunciar la discriminación y desigualdad que sufren las mujeres. La desigualdad de género actúa como un determinante fundamental de la salud, que unido a otros condicionantes como la disponibilidad de ingresos económicos y el empleo, o la acción de los sistemas educativo, de salud o de servicios sociales, arrojan el balance de que las mujeres tengan peor salud y calidad de vida.
Esa es la consecuencia de la discriminación laboral (al compaginar trabajo productivo y reproductivo, con menor tiempo para el ocio y el descanso); de la brecha de género en la remuneración (trabajos mal remunerados, poco valorados, con dobles y triples jornadas) y de ser las responsables fundamentales de cuidar a las personas dependientes.
Las enfermedades crónicas se triplican en las mujeres (cáncer, osteoporosis, fibromialgia, o anorexia nerviosa); la violencia machista les provocan lesiones y discapacidades, que repercuten en su salud mental e integral; son objeto de violencia sexual con más abusos infantiles, prostitución y agresiones sexuales.
El sistema sanitario medicaliza situaciones normales como la menopausia y genera desigualdad en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como las cardiovasculares o las mentales. Mientras el 74% del personal sanitario son mujeres son muy pocas las que acceden a las jefaturas de servicio. El sesgo de género también se da a la hora de diagnosticar y tratar los problemas de salud de la mujer debido a que los tratados de Medicina y las investigaciones se realizan en base a estudios, características y necesidades masculinas
Sin embargo ni los Planes de Salud ni programas de salud de las Comunidades Autónomas dirigidos a la mujer tienen en cuenta estas diferencias de género ni contemplan medidas específicas para abordar los problemas y necesidades de salud de las mujeres con perspectiva de género. Estos Planes ignoran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mientras que la reforma del aborto ha añadido sufrimiento y dificultades de acceso a las más jóvenes.
Por ello nos sumamos a la reivindicación de políticas públicas que combatan estas desigualdades que impiden a las mujeres disfrutar de una salud y calidad de vida en condiciones de equidad y el pleno ejercicio de sus derechos.
Consideramos urgente que, por lo menos, el Gobierno central ponga en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que en su día firmó, movilizando los presupuestos y recursos acordados; más recursos públicos para el cuidado de menores; recuperar la Ley de Dependencia; permisos por nacimiento o adopción a ambos miembros de las parejas; estrategias para acabar con la brecha de género y políticas económicas para combatir el paro, el empleo precario y a tiempo parcial, la brecha salarial y en el sistema de pensiones, que afectan especialmente a las mujeres