El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reabierto el debate sobre la medicalización de las residencias. «No son hospitales, no lo deben ser. Es, finalmente, el espacio donde habitan personas y queremos que lo hagan con la máxima dignidad», ha asegurado.
Sin embargo, no todos los actores del sector de la dependencia comparten la opinión del presidente valenciano. Y es que, aunque todavía no se ha llegado a cifras comparables con las de la primera ola –en la cual murieron más de 20.000 residentes–, sí que empieza a aumentar la frecuencia con la que se declaran nuevos brotes, algo que hace plantearse a los implicados cómo se debería actuar de cara a una posible segunda ola.
Con todo, cabe recordar que, por ahora, no se ha llegado a una situación de saturación del sistema sanitario, cosa que sí que ocurrió en marzo. Asimismo, tampoco los recientes brotes más dramáticos, como el caso de la residencia turolense de Burbáguena (10 decesos) o la madrileña de San Martín de la Vega (más de 60 contagios y dos muertes), han puesto en jaque al sistema hospitalario y se ha podido derivar o trasladar a quien lo necesitaba.
Las residencias deben ofrecer servicios sanitarios
«Lo primero que debemos definir es qué se entiende por medicalización. Por parte de algunas entidades, se piensa que es poner un gestor de casos en contacto con el centro y tener una ‘supervisión’ médica y, por parte de otras, se entiende que medicalizar es convertir en hospital una residencia», comenta Jesús Cubero, secretario general de AESTE (@AESTE_oficial), una de las patronales del sector de la dependencia.
A su parecer, «es innegable que la población de personas mayores que vive en las residencias necesita una mayor atención sanitaria que hace 14 años» y, por ello, opina que «debemos ofrecer ese mayor apoyo».
«Es necesario que se acrediten los centros en función de su capacidad funcional para prestar apoyo sanitario. En base a estas capacidades, habrá centros que puedan atender a cualquier tipo de residentes y habrá otros, menos profesionalizados, que tan sólo puedan proporcionar servicio a aquellos residentes con necesidades de atención social», explica.
Y añade: «Para poder ofrecer este mayor apoyo, necesitamos que se revisen las ratios de personal de atención directa; incrementar las de enfermería, auxiliares y médico; ofrecer mayor autonomía a los centros para la gestión de sus farmacias; la instalación de gases medicinales; una mejor coordinación sociosanitaria en cada área de salud; la interoperabiidad de la historia clínica con Atención Primaria y Especializada y, por supuesto, una revisión del coste de las plazas acorde con los nuevos servicios que se demandan».
Deben apoyarse en el Sistema de Salud
No obstante, no todos en el sector comparten esta necesidad –haya o no COVID-19– de contar, por defecto, con profesionales sanitarios en las residencias. “Seguimos pensando lo mismo. Es absurdo pretender medicalizar todos los centros. Al final, supone encarecer las plazas. La medicalización se hace a costa del bolsillo del familiar o residente», considera el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), Ignacio Fernández-Cid.
De esta manera, el empresario entiende que, al ser todos los residentes «receptores de la Sanidad Pública”, no tiene sentido que estos servicios los tengan que prestar los centros residenciales, sino que debe ser el Estado el que «ponga unidades de apoyo por parte de la Atención Primaria”. Sobre todo, asegura, de cara a un incremento de casos de coronavirus que probablemente pueda tener lugar en los próximos meses.
«Ahora se está trasladando a los mayores a los hospitales, porque estamos en el inicio, pero nadie sabe a dónde vamos a ir. Podemos estar como en enero o febrero», sostiene. Aunque también matiza: «Estamos mejor que antes. Para empezar, porque la ciencia conoce algo más del virus. Además, muchos centros, lamentablemente, tenemos experiencia en vérnoslas con él. Hemos avanzado».
Pese a todo, prosigue, «todo esto no significa que no necesitemos la ayuda de la Sanidad» y, por ello, Fernández-Cid resalta, por ejemplo, la importancia de que existan recursos como los centros COVID a los que se puedan llevar a residentes para realizar correctamente el proceso de sectorización.
«No son hospitales»
Por su parte, Juani Peñafiel, responsable de residencias privadas y concertadas de la Comunidad de Madrid de CCOO (@CCOO), comparte que debe ser el sistema de Salud el que brinde apoyo a las residencias y no recaer en éstas todo el peso del cuidado sanitario. “Tienen que estar medicalizadas en la medida que lo tienen que estar. Eso sí, lo que debería hacer la administración es reforzar los centros médicos para que esa asistencia la puedan tener desde donde tengan que dársela», propone.
Aun así, Peñafiel entiende que en casos de «rebrotes» que sean complicados y afecten a muchos residentes se podría recurrir a la medicalización, pero como una medida de «excepción».
Los familiares piden coordinación
“Habría que ver en qué consiste. Hay muchas residencias que tienen médico mañana y tarde y también enfermeros. Se atiende allí directamente a los mayores y únicamente se les deriva cuando es una situación grave”, señala el presidente de la Plataforma de familiares de residentes Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez.
En su opinión, el debate no es tanto si medicalizar o no, sino cómo se lleva a cabo y con qué recursos. “Existe una problemática grave que es la falta de coordinación efectiva entre la residencia y el servicio de salud», critica.
Igualmente, Vázquez denuncia que la Sanidad Pública no cuenta con suficientes geriatras. «Tendría que haber como para pasar consultas en todas las residencias. Es una cuestión que habría que discutir y se debería abrir un debate a nivel nacional”, propone.
Así, entiende que se trata de una problemática que trasciende la pandemia y que se debe ser riguroso a la hora de plantear soluciones. “Si vamos a seguir con ocurrencias, mal vamos. Hay que abordar estos temas de una forma científica, con expertos, familiares y residentes”, sostiene.
Y, respecto a la prevención en la actual situación, el representante de los familiares exige que se forme a las auxiliares -haya o no médicos en las residencias- en técnicas de prevención y en el uso de equipos de protección, puesto que, a su parecer, sigue habiendo muchas carencias en este sentido.
“La medicalización es una palabra que odio”, opina por su parte Carmen López, miembro de la Marea de Residencias (@MareaResidencia). Y es que, a su parecer, no ha quedado nunca claro cuál es su significado real y se debería prestar más atención a otros problemas más de fondo como las carencias del Sistema Nacional de Salud o que se garantice el derecho a los mayores, también los de las residencias, a la Sanidad.
“En el momento en el que hubo todos los problemas en marzo y que no se derivó (a hospitales) a las personas en residencias, todo ocurrió por un problema anterior y básico que es la degradación de la Sanidad”, denuncia.