El Consejo de Ministros de este viernes, 27 de julio, ha dado el visto bueno a la propuesta de modificación del Real Decreto-Ley 16/2012 presentada por la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que busca que la Sanidad se convierta en universal.
Carmen Montón
Finalmente, la titular de la cartera sanitaria del Gobierno llevó a este Consejo de Ministros una modificación del borrador de Real Decreto-Ley que creó discrepancias tanto entre colectivos de defensa de la Sanidad Universal como entre las propias comunidades autónomas, que dividieron sus críticas entre la permanencia de la condición de asegurado en el documento y la ausencia de memoria económica.
“La norma aprobada representa un cambio en la atención sanitaria en España”, anunció Carmen Montón tras la reunión ordinaria de los ministros. Este cambio viene dado porque, según prosiguió, “la titularidad del derecho se basa en la condición de ciudadanía y, por tanto, se desliga de la de asegurado”.
Montón describió que la norma define como titulares del derecho a la protección sanitaria a personas con nacionalidad española y extranjeras con residencia en el país, así como a las que tienen reconocido su derecho a la asistencia por cualquier otro título jurídico -como pensionistas que no residen en España o trabajadores transfronterizos-.
Además, “corrige la exclusión provocada a los colectivos que quedaron fuera por el Real Decreto 16/2012”, apuntó la máxima representante de la Sanidad española, y contempla como titulares del derecho a colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España “en las mismas condiciones de atención que las personas con nacionalidad española”.
Criterios de control
A continuación, Montón afirmó que se establecen criterios “para evitar el uso inapropiado” de estos derechos. Así, la asistencia sanitaria a estos colectivos correrá a cargo de fondos públicos solo cuando no exista un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.
Por otro lado, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial, según informa el Ministerio de Sanidad.
“En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades autónomas”, concreta este organismo
Petición internacional
“La asistencia normalizada en Atención Primaria permite un mejor control de las enfermedades, evita que se agraven y que tengan que acudir a urgencias”, unos procesos que implican un mayor gasto sanitario, recordó Montón. “Estamos atendiendo a las demandas de organismos europeos e internacionales”, agregó, además de a las peticiones de organizaciones científicas y movimientos sociales.
“Lo esencial de esta norma, lo que justifica la urgencia”, es “la mejora de la salud individual de las personas”, insistió la ministra de Sanidad, que concluyó su intervención afirmando que “una sociedad justa no deja a nadie atrás”.
Críticas al primer borrador
Lo cierto es que el borrador presentado en un principio no cumplía del todo con lo planteado por Montón en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) monográfico de universalidad, celebrado el pasado 28 de junio, y con lo que, al parecer, finalmente se establece en la nueva norma. En aquella reunión, ya informó de que la modificación plantearía la misma situación frente a la atención sanitaria a irregulares y ciudadanos, que desligaría esta atención del concepto de “asegurado” y lo ligaría al de “ciudadanía” y que supondría “englobar todo el articulado que habla de exclusión y sustituirlo por universalidad”.
Que el borrador siguiera incluyendo la condición de asegurado fue objeto de crítica para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), por ejemplo, que afirmó que era un problema que el borrador siguiera incluyendo la condición de asegurado. “Aunque establece excepciones que amplían este derecho a la asistencia sanitaria, el continuar su vinculación con el aseguramiento deja abierta la puerta a actuaciones más restrictas”, aseguraron en ese momento.
Por otro lado, consejeros de Sanidad, como el de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, admitieron estar revisando su contenido porque algunas cosas les generaban dudas. Ruiz Escudero pidió, por tanto, más claridad en el documento; más tiempo para estudiar el borrador y presentar posibles alegaciones; y tratar el tema de la financiación para el volumen de personas que requerirían de asistencia.
Reacciones al nuevo decreto
La asociación Médicos del Mundo fue una de las primera en reaccionar a la noticia. El colectivo celebró “que la nueva normativa reconozca el derecho de acceso al sistema y la protección a la salud de todas las personas de nacionalidad española y las extranjeras que viven en territorio español, sin importar su situación administrativa, garantizando así el acceso al SNS en igualdad de condiciones”.
“Exigimos que la nueva ley sea clara y eficaz para proteger el derecho que reconozca la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones. Para la tranquilidad del colectivo de personas en situación irregular, que han sido víctimas de un sistema injusto, es necesario concretar cuándo y cómo podrán hacer efectivo el derecho a la asistencia sanitaria”, expresan, no obstante.