En Febrero del pasado año, la Ministra de Sanidad Ana Mato defendía firmemente las «dolorosas pero necesarias» medidas tomadas en su ministerio, gracias a las cuales «el sistema sanitario español es más universal y más equitativo» y «no hay una sola persona que esté dejando de tomar medicamentos por razones económicas.» [1]
Medidas que han cambiado drásticamente la cobertura sanitaria: de ofrecer cobertura universal, la ley pasa a excluir a quienes no estén «asegurados«, principalmente los inmigrantes sin registro legal. Los mayores de 26 años no afiliados a la Seguridad Social, y que no cobren prestación o subsidio de desempleo deberán pasar a inscribirse como “sin recursos” en una oficina de la Seguridad Social si no quieren verse sin cartilla sanitaria. «Sin recursos» que ahora deberán demostrar que no sobrepasan un umbral de ingresos. Y por si fuera poco, los «aventureros» que pasen en el extranjero más de 90 días también serán excluidos.
Junto a este mazazo legal a la cobertura sanitaria, se repiten como setas los copagos: en medicamentos, suplementos nutricionales, en la exlusión de más de 100 fármacos de la prescripción… Copagos que afectan esencialmente a los más vulnerables: los enfermos crónicos, los pobres, los que viven en el medio rural, discapacitados… Aunque algunas medidas -como el copago por ambulancia no urgente o fármacos de dispensación hospitalaria- se han paralizado temporalmente, y aunque no todas las comunidades aplican la exclusión a sin papeles, hay un antes y un después.
La realidad, tozuda, dista mucho de las declaraciones oficiales. Un reciente informe de la OCDE señalaba que los recortes de los servicios financiados con presupuestos públicos estaban poniendo en “serios riesgos” a las personas con menos ingresos en nuestro país, limitando su acceso a los cuidados, a la medicación o a los controles de las enfermedades crónicas, lo que “podría tener efectos para la salud a largo plazo y consecuencias económicas para los más vulnerables.”[2]
La ONU por su parte ponía en tela de juicio la exclusión de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados, porque «no sólo son vulnerados los derechos humanos de los individuos afectados, sino que además, aunque no se haya detectado aún un impacto más amplio sobre la salud colectiva, el riesgo sigue aumentando»[3] al no poder tratrar enfermedades infectocontagiosas.
El impacto de los recortes
Desde el inicio de la crisis el presupuesto sanitario ha disminuido un 18%: se gastan 12.800 millones de € menos al año en Sanidad. Ese recorte en el presupuesto tiene un impacto directo en el empleo: según el INE, se han recortado unos 45.000 empleos en el sector sanitario público. [4]
Ese recorte en el empleo, basado en una política de no sustituciones, es la primera causa del aumento en las listas de espera: en Asturias hay 18.605 pacientes en lista de espera con una demora media de 72 días y 270 pacientes tienen esperas superiores a 180 días. Lo que puede dar pie a catastróficos casos en los que esa espera no pueda ser tan larga.
En España un 57% de los pacientes no consiguen cita de un día para otro en su Centro de Salud, y en Asturias un 38%, lo que incrementa la asistencia a Urgencias. Y sin embargo, la asistencia temprana a un médico generalista, y el dicho médico no cambie con frecuencia, es un criterio de calidad para los ciudadanos. No es pues de extrañar, que en nuestra comunidad la satisfacción de los usuarios haya disminuido un 12%.
Los recortes tienen igualmente un impacto sobre los pacientes: el 16% de los pensionistas de Madrid no retiran medicamentos por causas económicas.[5] Los pacientes con enfermedades crónicas, ya de por si con mayor riesgo de perder el trabajo, se resienten más que nadie. La AECC cifra en una media de 450€ el gasto de los pacientes durante el tratamiento del cáncer. Eso en un país con el 20% de las familias en riesgo de la pobreza y con cifras récord de pobreza infantil.
Y tienen consecuencias sobre las mujeres, ya de por sí sobrecargadas – más de la mitad de las cuales realizan sólas el trabajo del hogar- y discriminadas – cobran un 26% menos que los hombres-. La ley de dependencia, que nunca se llegó a desarrollar, amplía a 2 años el plazo para atender la demanda, algo que muchas veces sucede con el familiar ya muerto. Las mujeres, con más dolores, ansiedad y estrés que los hombres, tienen todavía más carga con el ciudado a los mayores y las tareas del hogar. A lo que se suma, por si fuera poco, el miedo a perder el empleo.
Lo privado es más caro
En plena burbuja inmobiliaria, la contruccion de hospitales pasó a ser una moda. Justificados en unos casos, injustificados en otros, las administraciones recurrieron a la iniciativa privada para su construcción. Sin embargo, ya sabiamos, desde hacía años, gracias a la negativa experiencia británica, que si fuesen construidos directamente por instituciones publicas, el coste sería un 20% menor. [6]
Contra toda lógica económica, las comunicades autónomas, incapaces de hacer inversiones aunque ahorren dinero a medio plazo, ya que priorizan ante todo el no sobrepasar el déficit en sus cuentas, acuden al endeudamiento con fondos de inversión. El hospital de Vigo, presupuestad en 331 millones para su construcción pública, pasaría a costar 1.500 millones gracias a este mecanismo.
En el año 1996, los dos partidos mayoritarios aprobaron una ley que permitiría gestionar hospitales públicos de manera privada. Una ley que dio pie a la creación de fundaciones y al intento de la Cominidad de Madrid de «externalizar» la gestión de sus centros. Pero los hospitales privados, que ya de por sí trabajan con menos personal, sólo piensan en la rentabilidad. Por eso los pacientes muy enfermos, los procedimientos muy caros (transplantes, cirugía cardiaca, estancia en UCI…) y las estancias muy largas, no son rentables. Lo que lleva a dichos hospitales a deshacerse de cualquier manera de dichos pacientes.
¿Dónde están las prioridades?
Curiosamente, ciertos sectores se privilegian de una sorprendente generosidad por parte de los dirigentes políticos. Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno de Zapatero afirmaba sobre el rescate bancario en 2011 que “la reestructuración del sector la pagará el sector y no los contribuyentes”- y un año más tarde Luis de Guindos, ministro de Economía del PP sentenciaba que “los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración”-. Según datos del FMI, en lo que va de crisis, las arcas públicas españolas ha desembolsado 186.000 millones en el rescate a la banca,[7] de los que 53.483 ya se dan por perdidos. [8]
La escasa presión fiscal sobre las grandes rentas y las mayores empresas con beneficios – que apenas contribuyen a un 2% al presupuesto general del estado- han provocado, junto al empobrecimiento de los trabajadores, un aumento de los multimillonarios de un 13% en España, el mayor aumento entre los paises desarrollados. Ni todos los sectores pagan la crisis, ni todos se aprietan el cinturón.
Hay alternativas
Nuestro modelo sanitario es barato, precisamente por ser público: si comparamos nuestro gasto sanitario con la media de los paises desarrollados, nos ahorramos 320€ por paciente y año. Y el resultado es más que aceptable: en la mayoría de los indicadores de salud, seguimos – por ahora- por encima de la media.
Pero es evidente que hay muchas cosas que cambiar. En primer lugar porque no hay participación ciudadana. Los consejos de salud, necesarios para implicar a los vecinos y usuarios en la gestión de la red pública sanitaria, apenas son promocionados.
En segundo lugar, porque la prevención sigue siendo una parte pequeña dentro de las prioridades. Y porque seguimos teniendo un sistema con una buena dosis de sobreconsumo de fármacos y de realización de pruebas diagnósticas no basadas en la evidencia. Pero cambiar estas «malas costumbres«, sigue sin ser una de las principales preocupaciones.
En tercer lugar porque es evidente que se puede seguir ahorrando: en un mayor uso de genéricos, en la compra mediante subastas públicas de la tecnología sanitaria, insumos y fármacos. El unico escollo a superar es la falta de voluntad para confrontar con los beneficios de farmaindustria y de la industria tecnológica.
Afortunadamente, los ciudadanos sienten que la sanidad pública no se puede dejar caer y están dispuestos a pelear por ello. Porque es una barrera frente a la pobreza. Porque es accesible. Porque debe serguir siendo gratuita. Así lo mostraron en Madrid, en una larga y amplia movilización de profesionales, usuarios y ciudadanos, que logró parar la privatización cuando todo parecía perdido. Demostrando, una vez más, que sí se pueden cambiar las cosas.
A. Mancebo
Basado en el resumen de la Jornada «La sanidad asturiana a debate», 29 Mayo 2014
Notas:
[1] Público 22 Febrero 2013
[2] http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf
[3] El País, 29 Abril 2014
[4] 53.000 según CCOO
[5] FADSP, http://www.elmedicointeractivo.com/resources/files/2013/2/25/1361801420863MEDIA%20EDAD.docx
[6] The Private Finance Initiative or the Public Funding of Private Profit?.» In The challenge of public private partnerships: learning from international experience, ed. Hodge, G. and Greve, C, London: Edward Elgar, 2005.
[7]http://www.rtve.es/contenidos/documentos/FMI_informe_julio2013.pdf
[8]http://economia.elpais.com/economia/2013/11/14/actualidad/1384466405_305183.html
[9] https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=BCDB1364-A105-0560-1332EC9100FF5C83