La plataforma en defensa de la medicina pública entrega en el Parlamento asturiano miles de firmas para denunciar el deterioro del sistema de salud // El colectivo alerta sobre los copagos, las privatizaciones y la excesiva medicalización de la vida diaria
Pablo Zariquiegui
La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias registra este jueves en la Junta General del Principado las firmas de 30.286 asturianos descontentos con el progresivo deterioro del sistema de salud. Carlos Ponte, su portavoz, señala que el objetivo de esta campaña es visibilizar la deriva de la sanidad pública desde el estallido de la crisis económica. La presentación de las firmas pretende forzar a los grupos políticos y a la Administración del Principado a velar por que la medicina pública tenga los recursos necesarios.
Ponte señala que, aunque recientemente se han conocido dos buenas noticias, la preocupación por el empobrecimiento del sistema público de salud, también en Asturias, sigue latente. El portavoz de la plataforma señala como datos positivos la paralización de las privatizaciones de seis hospitales públicos en Madrid y la retirada por parte de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de copagos ya planificados como el del transporte sanitario no urgente.
Aún así, Ponte indica que la preocupación persiste porque la sanidad pública está hoy peor que hace unos años. La plataforma pone tres ejemplos.
Primero, el acceso. Ponte reclama al Gobierno del Principado mayor beligerancia contra el copago y solicita al Ejecutivo de Javier Fernández que exija la retirada de los repagos existentes. La plataforma insiste además en la necesidad de recuperar a colectivos como los migrantes sin papeles que quedaron fuera de la cobertura de la sanidad pública. Ponte señala que, aunque el Gobierno del Principado se ha comprometido a prestarles asistencia, la existencia del copago farmacéutico hace que la atención sanitaria cojee.
Segundo, la gestión pública. A la plataforma hay cosas que no le gustan, también aquí, en Asturias. Señala expresamente aspectos como la privatización del servicio de mantenimiento del HUCA o de las lavanderías de Jarrio y Avilés. Ponte destaca que la gestión privada distancia a los profesionales de la ciudadanía y obliga a introducir elementos correctores que no siempre funcionan. Apunta expresamente a los consejos de salud, creados para fomentar la participación que, sin embargo, no están funcionando como debieran. Indica también que fórmulas como la gestión clínica son perversas porque obligan a incentivar a unos profesionales en detrimento de otros. «Imponen un modelo de atención con incentivos clientelares», señala.
Y, tercero, el sistema debería revisar en qué invierte el dinero y, en todo caso, invertir en salud. La plataforma reitera que la salud se ha medicalizado en exceso. Pone como ejemplo la defensa por parte de la Administración de una campaña masiva de vacunación gripal que, a juicio de la plataforma, no se mantiene por criterios de eficacia.