La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que la pandemia del covid-19 generó una crisis mundial de salud mental, alimentando el estrés a corto y largo plazo, lo que socavó la salud psíquica de millones de personas en el mundo.
La OMS calcula que una de cada ocho personas en el mundo sufre algún trastorno mental. Los cuadros de ansiedad y depresivos son los más comunes, tanto en hombres como mujeres. Advierte el organismo que, a nivel mundial, puede haber 20 intentos de suicidio por cada fallecimiento, y, sin embargo, el suicidio representa más de uno de cada 100 fallecimientos; constituyendo una de las principales causas de muerte entre los jóvenes.
«En numerosos lugares no existen servicios formales de salud mental. Y aun cuando esos servicios están disponibles, suelen ser inaccesibles o inasequibles. A menudo, las personas optarán por sufrir un malestar mental sin alivio antes que arriesgarse a la discriminación y el ostracismo que conlleva el acceso a los servicios de salud mental» se lee en el informe.
Mitigar el sufrimiento, mejorar la salud y calidad de vida son variables fundamentales que están en juego. No es solo un tema de salud, es un asunto de derechos humanos. «Es necesario invertir en salud mental para poner fin a las violaciones de los derechos humanos. En todo el mundo, las personas con trastornos mentales suelen ser excluidas de la vida comunitaria y se les niega el ejercicio de derechos fundamentales» sostiene la OMS.
La situación esbozada de salud mental es preexistente a la pandemia; pero sin duda los efectos de ésta amplificaron la dimensión de la crisis existente traduciéndose en el dolor presente en multitudes de todo el mundo.
Danielle Carr, profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, escribió en el New York Times una crítica a la medicalización de los problemas de salud mental: «La medicalización altera los términos con los que intentamos averiguar la causa de un problema y qué se puede hacer para arreglarlo. A menudo, se pone el foco en la persona como organismo biológico, en detrimento de la toma en consideración de factores sistémicos».
Carr refuerza los postulados de otros investigadores que señalan la existencia de determinantes sociales de la salud y que las soluciones eficaces, a largo plazo, para muchos problemas medicalizados requieren medios no médicos, es decir, políticos.
La Emergencia Humanitaria Compleja obliga a atender las circunstancias y el déficit y debilidad del sistema de salud; pero entendemos que estamos hablando de «paños calientes» considerando la magnitud de la población afectada y el tipo de respuestas que requieren mejorar sus condiciones de vida. La normalización del país pasa por la reinstitucionalización, servicios públicos funcionando, escuelas con maestros competentes, centros de salud dotados y con personal calificado, acceso a los espacios de esparcimiento, unos ingresos que permitan mantener a la familia, redistribuir el presupuesto nacional priorizando la educación, salud en general y la salud mental en particular, entre otros.
No existirán «pastillas para tanta gente» si no se toman decisiones fundamentales que puedan encauzar la economía y estabilidad social de nuestra gente.