Este decreto cubrirá el vacío normativo existente hasta ahora en Asturias, una de las pocas comunidades que no disponían de regulación a este respecto. Responde, según aseguró el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, a un «compromiso de legislatura» del Gobierno regional. Con esta norma, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) garantiza una espera máxima de 60 días para mamografías, resonancias, ecografías, colonoscopias y TACs y de 180 días para operaciones de cirugía cardíaca y cataratas, histerectomías e implantación de prótesis de cadera y rodilla, los procesos que acumulan mayores demoras.

Las intervenciones y pruebas diagnósticas se llevarán a cabo en alguno de los nueve hospitales públicos de la región o en los centros de utilización pública (Adaro, Jove, Hospital de Avilés y Cruz Roja de Gijón), entre los que los pacientes podrán ser derivados para agilizar los procesos si así lo desean. «Nadie va a obligar» a los afectados a que acudan a los centros que les sean ofrecidos, puntualizó el consejero, que garantizó que «el ciudadano es libre para tomar la decisión, que no implicará su traslado al final de la lista», si bien indicó que el rechazo a esa posibilidad podrá conllevar la pérdida de garantía de recibir el tratamiento en el plazo fijado.

A finales de agosto, 17.404 pacientes estaban pendientes de una intervención quirúrgica, de los cuales 10.680 tendrían que esperar hasta noventa días, 6.529 hasta tres meses y 195 más de un trimestre. En esa situación permanecerían de media durante algo más de dos meses, pero alguno de ellos llegaría a acumular 361 días de espera. Es decir, prácticamente un año aguardando para recibir una cirugía general y digestiva.

Pero el mayor tapón en cuanto a cirugías dentro de la sanidad pública corresponde a las operaciones de catarata, intervención de la que antes de comenzar septiembre estaban pendientes 3.415 personas con un tiempo de demora medio de 80 días y máximo de 210. No es la única cirugía que incluye el decreto de garantías cuya demora máxima superaba la ahora fijada por Sanidad: los 527 pacientes pendientes de una implantación de prótesis de cadera llegan a acumular esperas de 224 días y 219 los 632 asturianos que necesitan una prótesis de rodilla.

Las listas de espera para histerectomías -171 pacientes la precisan; 176 jornadas de retraso- y cirugías cardiacas valvular (115 días) y coronaria (85), por las que esperan, respectivamente, 69 y 13 pacientes, son ligeramente menores.

En lo que respecta a pruebas diagnósticas, son las ecografías las que registran los peores datos. A finales de agosto, 12.038 asturianos -algunos ya citados, otros pendientes de ser llamados- aguardaban esta prueba cuya demora media estaba en 79,25 días. Otros 6.174 esperaban por una resonancia magnética, que con 94,1 días registra la mayor demora; mientras que 4.897 necesitaban un TAC, 2.125 una colonoscopia y 610 una mamografía. Según los últimos datos publicados por Sanidad, todas las pruebas diagnósticas tienen una demora superior a la que se permitirá a partir de ahora.

El decreto aprobado ayer también se marca como objetivo reducir los retrasos en las consultas de especialidades, para las cuales esperan ahora un total de 57.531 pacientes. Fija dos meses como plazo máximo para acceder a una primera cita en traumatología (11.560 pacientes), oftalmología (8.675), dermatología (7.101), urología (3.367), cardiología (3.032), otorrinolaringología (2.422), cirugía general (2.420), neurología (1.968), digestivo (1.826) y ginecología (1.749). Actualmente, el servicio con mayor saturación es traumatología, que asciende a 115,68 días de media. También superan los sesenta días oftalmología (79,5) y urología (70,01)

Primeras consultas. El titular de Sanidad defendió que el sistema sanitario asturiano dispone de las instalaciones, equipos y profesionales necesarios para cumplir los plazos fijados desde ahora por decreto. Para lograr la consecución de estos objetivos y combatir los retrasos que padece el sistema, el Sespa dará prioridad a las primeras consultas, es decir, las que permiten clasificar la urgencia e importancia de la enfermedad. Además, ofrecerá una respuesta en red desde el sistema público y planificará las agendas con seis meses de antelación desde el servicio de atención al ciudadano.

Asimismo, se creará un registro único de pacientes en espera y se expedirán certificados de inclusión en el mismo. Los pacientes interesados en este servicio serán informados de forma individualizada y personal. Y se sustituirá la comisión de listas de espera actual por una de participación ciudadana, a la que se unirá una comisión técnica destinada a analizar la situación.