La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias no ve con buenos ojos la donación de 6,7 millones de euros realizada por Amancio Ortega para adquirir tecnología oncológica. El presidente de la asociación, Carlos Ponte, asegura que esta medida puede tener «componentes muy críticos» para la sanidad pública ya que se traspasan las fronteras entre lo público y lo privado. Ponte cuestiona que la inversión en tecnología sea prioritaria y defiende otras necesidades como residencias para la tercera edad o en cuidados paliativos

La primera consideración a tener en cuenta, según Ponte, es que Ortega «es una de las mayores fortunas del mundo y, según dicen los medios, apenas paga impuestos y las condiciones de sus trabajadores en países como Bangladés han sido cuestionadas».

Otro problema, al margen de la figura empresarial de Amancio Ortega, es que estas medidas de mecenazgo tienen un claro componente ideológico. Carlos Ponte se pregunta «qué es lo público», al tiempo que rechaza que el sistema sanitario público se sostenga sobre la financiación privada. Este tipo de mecenazgos pueden condicionar al sistema sanitario, algo que ya ocurre en la Organización Mundial de la Salud con Bill Gates, principal soporte de la organización. «Las experiencias previas de grandes fortunas que han invertido en la sanidad pública han generado una influencia no positiva», declara. El aporte económico del empresario gallego a la sanidad asturiana servirá para financiar un acelerador lineal, una resonancia y cuatro mamógrafos.

Sobre las necesidades reales de la sanidad asturiana, Ponte afirma que «entre todos hemos contribuido a ver con buenos ojos la inversión en tecnología» y que «esta financiación no responde a un criterio básico y el problema que se ve desde fuera es en qué y dónde se invierte esta donación». A su juicio, sería más provechoso que las inversiones se realizaran «en residencias de la tercera edad o en los paliativos, ya que un paciente de cáncer supone un coste de 300.000 euros, una atrocidad teniendo en cuenta que la rentabilidad es baja», al tiempo que ha señalado que «estas son inversiones que se retroalimentan para obtener más beneficios».

EL COMERCIO

La donación de 320 millones efectuada por la Fundación Amancio Ortega para renovar los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en varios hospitales españoles ha suscitado las críticas de varios colectivos. Entre ellas, de asociaciones de usuarios y profesionales de Aragón, Canarias y País Vasco, a las que se sumó ayer la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Asturias. Su portavoz, Carlos Ponte, subrayó que la financiación del sistema sanitario debe realizarse mediante el pago de impuestos, «de forma redistributiva». Es decir, en función del patrimonio de cada contribuyente. «Llama la atención el caso de Amancio Ortega quien, según noticiasr periodísticas, apenas paga impuestos», apuntó Ponte. La segunda cuestión que criticó el portavoz fue el destino de los 320 millones de euros, de los cuales 6,7 corresponden a Asturias. A su juicio, «no tiene sentido hacer ese mecenazgo sobre cuestiones concretas, como puede ser la compra de alta tecnología, y no sobre cuestiones más básicas que necesita la sanidad». Por ejemplo, en Atención Primaria, residencias de la tercera edad y cuidados paliativos.

«El capítulo de necesidades sociosanitarias está muy abandonado y tiene muy pocos recursos», señaló. No obstante, Ponte aseguró que la plataforma no está «en contra del mecenazgo», pero considera que debe ser «a fondo perdido. En su opinión, el sistema sanitario «tiene que planificar su financiación por otras vías» para evitar la colaboración entre los sectores público y privado.