El 1 de septiembre de 2012 el gobierno de España convirtió un sistema sanitario público de cobertura universal en otro de aseguramiento, por lo que se negó atención básica a quienes no tuvieran tal seguro al día, fueran españoles o extranjeros. Es decir, se legalizó una forma de acceso a servicios imprescindibles, potenciando la privatización del sistema sanitario público, con su corolario de corrupción. El gobierno del PSOE ya había comenzado la destrucción de dicho sistema sanitario público con sus recortes indiscriminados ante la crisis financiera. El deterioro de lo público explica que sólo el 13% de los universitarios tenga en exclusiva cobertura sanitaria pública (han buscado servicios en lo privado el 87% de los universitarios). El sistema público pobre queda para pobres. A este paso, pronto la cobertura universal será sólo un recuerdo, y el sistema sanitario público un remedio de beneficencia, para pobres en situaciones de emergencia.
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La proporción de personas con estudios superiores decrece drásticamente conforme se desciende en la clase social. En sentido inverso evoluciona el porcentaje con estudios primarios. Los estudios superiores predominan en las clases altas (66% en la clase 1 y 51% en la clase 2), en el mutualismo (50%) y en aquellos que disponen de seguros privados (40%). En el grupo que quienes únicamente disponen del SNS como asegurador sanitario predominan claramente los estudios primarios (63%) mientras que los sujetos con estudios superiores representan apenas el 13 %.