Manifiesto

La Plataforma para la defensa de la Sanidad Pública, que reúne a personas y organizaciones en representación de profesionales de la salud, asociaciones de pacientes, entidades cívicas (vecinales, pensionistas, sindicales, culturales, de mujeres), ONGs y colectivos académicos, nace con el compromiso de defender en Asturias un sistema sanitario público de calidad,  sostenible y solidario, desde la  vocación de aglutinar transversalmente, en cualquier territorio y sensibilidad, a toda la sociedad asturiana.

En todas las Comunidades Autónomas, sin excepción, estamos asistiendo a un constante goteo de malas noticias sanitarias: Cierres de quirófanos y camas, privatizaciones de servicios, reducción del número de profesionales (amortización, por ejemplo, de las 602 plazas de personal médico recientemente jubilado en Asturias), pérdida adquisitiva de las plantillas, etc.  Las CCAA presupuestaron este año un 6% menos de media en la salud de cada persona, lo que sumado al recorte  aplicado en 2011 y al tijeretazo de 7.000 millones de euros anunciado por el Gobierno, arroja un sustancial descenso de más del 20%, que se traducirá en menos prestaciones y menor calidad asistencial. Otro tanto cabe decir con respecto a  la investigación biosanitaria cuyos fondos han disminuido globalmente el 26%, (el 30% en el caso de las redes temáticas).

Recortes indiscriminados e injustificados (nuestro gasto sanitario es de los más bajos de la OCDE) cuya finalidad es  transferir los servicios rentables a las  aseguradoras privadas e incrementar los beneficios de las multinacionales del sector. Es decir, hacer negocios con la salud mientras las  declaraciones y los discursos ocultan sistemáticamente el alcance de la transformación que está en marcha.

El Real Decreto  16/2012 del pasado 20 de Abril es un verdadero torpedo en la línea de flotación de la Sanidad Pública. Los copagos en la farmacia, el transporte sanitario, las prótesis  o la dieto-terapia, suponen penalizar a los sectores más vulnerables (pensionistas y crónicos),  eximiendo a la clase política de su responsabilidad en el gasto farmacéutico y sanitario. Es particularmente indigna y antisocial la exclusión de las personas inmigrantes “sin papeles”, mientras se perfila un nuevo modelo sanitario (contrario a la universalidad y solidaridad) que asimila la atención sanitaria con el aseguramiento y reclasifica  las prestaciones sanitarias en “básicas”, “suplementarias” y “accesorias”, dejando la puerta abierta a nuevas modalidades de exclusión y copago.

En nuestra opinión, el deterioro de los servicios públicos no es la consecuencia de la deuda o la crisis tributaria, sino de la economía especulativa — los denominados “mercados” —que pretenden el desmantelamiento del estado de bienestar, incluida la Sanidad Pública, como  estrategia de salida de la crisis.  Sin embargo, la Sanidad Pública, muy bien valorada por la población asturiana, ha probado fehacientemente mayor equidad, calidad y relación coste-efectividad que otros modelos privados o mixtos (*). Es, pues, más barata y efectiva, porque entiende la salud como un derecho y no una mercancía, porque es un instrumento básico de cohesión social y seguridad para personas y familias, y una de las conquistas fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas en los últimos cien años.

La sociedad asturiana,  consciente  de la magnitud de este desafío, necesita unirse y pronunciarse en defensa de unos derechos ganados con esfuerzo por generaciones y de un futuro solidario, sostenible y democrático, en el que la Sanidad Pública es irrenunciable:

1. – Por su condición de universalidad, financiada solidariamente por impuestos para permitir el acceso de todas las personas a unas prestaciones sanitarias efectivas y de calidad, en manifiesta incompatibilidad con los copagos (siempre injustos) y con  recortes presupuestarios arbitrarios e indiscriminados.

2. – Por su carácter público, que defiende los intereses generales, con criterios de equidad, y no intereses particulares o corporativos.  En oposición, por tanto,  a la penetración de los intereses privados en la gestión y la provisión de los servicios del sector público.

3. – Por la necesidad de afrontar la crisis económica desde la responsabilidad pública, de invertir con efectividad  en la Salud de las personas y no en bolsas de ineficiencia, actividades de dudosa utilidad sanitaria o la medicalización de la salud. Es decir, otorgando valor al dinero público, con criterios científicos y  éticos y no desde intereses corporativos o de las empresas farmacéuticas.

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(*) Gasto sanitario en España, por habitante y año es claramente inferior al de la Unión Europea. El gasto en EEUU, modelo privado, es casi el doble que en España (17% PIB), mientras que Holanda, después de diez años de reformas neoliberales, es la sanidad más cara de la UE. En España, el 4,1 % de la población trabaja en sanidad frente al  6,6% de la UE-15.

(*) En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la cama hospitalaria concertada con el sector privado es un 58,2% más cara que la del sector público. Claro que Lamela o Guemes, anteriores consejeros de Sanidad de Esperanza Aguirre, son ejecutivos de la multinacional sanitaria Capio,  la primera operadora.