El contexto general en estos momentos es de un mundo, y especialmente de la Unión Europea, que se rearma y donde resuenan tambores de guerra. Desde Polonia hasta España, Alemania, Suecia o Bélgica, las autoridades están lanzando mensajes de alarma sobre que las amenazas de guerra pueden estar a la vuelta de la esquina.El año pasado, los miembros de la OTAN incrementaron el presupuesto de las partidas para armamento en un 11%. Este 2024, 18 de sus 31 países alcanzarán el objetivo del 2% de PIB en dichas partidas. Pedro Sánchez se comprometió, tras la Cumbre de la OTAN en Madrid en junio de 2022, a alcanzar este objetivo previsto para 2029, pero la realidad es que el gasto militar ya supera sobradamente el tan manido 2% del PIB.El gasto militar de los tres últimos presupuestos de España, derivado de la potenciación de la participación en la OTAN y su implicación en la guerra de Ucrania, lleva a la conclusión de que el Estado español seguirá destinando a gasto militar una cantidad escandalosa cuya finalidad es más escandalosa todavía, distribuida (y escondida) en los PGE y que aparece dispersa en distintos ministerios, así como en el sobregasto extrapresupuestario del fondo de contingencia y en los créditos extraordinarios.Todo ello contrasta con el hecho de que la inversión sanitaria y en salud pública no levanta cabeza. Cuando empezó a verse la luz al final del túnel después de la pandemia, todo eran promesas y buenos propósitos para la Sanidad Pública, que se concretaron en el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que recogía numerosas, y en general positivas, propuestas para reforzar el sistema sanitario público.No obstante, ya desde 2021 se pudo ver que la realidad iba por otro camino, y que las actuaciones prácticas de los Gobiernos Central y Autonómicos no respondían con hechos concretos a este supuesto interés por reforzar la Sanidad Pública, lo que pudo comprobarse, por ejemplo, en el bajo porcentaje de fondos provenientes del Plan de Resiliencia que se dedicaba a la Sanidad, y los escasos, hasta la fecha, incrementos presupuestarios de las CCAA y del Gobierno Central, mejoras muy modestas que en modo alguno abordaban las necesidades de atención sanitaria de la población.Esta insuficiencia presupuestaria explica en gran parte el conjunto de problemas del sistema sanitario, con un deterioro continuado y cada vez mayor de la Atención Primaria, Hospitales públicos con pocas camas y recursos infrautilizados con un aumento de la privatización del sistema sanitario, lo que aumenta los costes de la atención sanitaria y detrae más fondos a los centros de gestión pública, junto con un gasto farmacéutico muy elevado.Tampoco se han resuelto las necesidades de personal de los centros sanitarios, con una política de Recursos Humanos que penaliza a los profesionales y que ha hecho de las bajas retribuciones y la precariedad su característica fundamental. Todos estos hechos nos llevan a una situación muy preocupante para la Sanidad Pública y a la búsqueda de una parte de la población, la que económicamente puede permitírselo, de alternativas en el sector privado a la desatención de sus problemas de salud, lo que fomenta la inequidad y la quiebra del derecho constitucional a la protección de la salud.Ante todo lo anterior, más allá de promesas vanas, debemos exigir un compromiso tangible de las administraciones públicas a nivel central y autonómico para garantizar la atención necesaria para toda la población, y para ello es necesario continuar la presión de la sociedad y del personal sanitario, uniendo además la reclamación de otra política que tenga como objetivo más inversiones sanitarias y sociales, menos gastos militares.En la actualidad, son múltiples los conflictos bélicos en desarrollo en el mundo. El mas sangrante es el de Palestina donde el mundo contempla horrorizado a la vez que impasible el genocidio del pueblo palestino, ordenado por el gobierno de Netanyahu en el que han perecido de manera violenta más de 33.000 personas de las que más de 15.000 son menores de edad que, junto a otras confrontaciones bélicas en Ucrania, Armenia y Azerbaiyán, Yemen, Etiopía, República Democrática del Congo, Siria, países del Sahel, Sáhara y Haití, configuran múltiples contiendas bélicas que amenazan con convertirse en la Tercera Guerra Mundial, con posible empleo de armamento nuclear, en la que millones y millones de seres humanos morirían de manera cruenta.En el Estado español, sin duda, debemos movilizarnos para que el Gobierno abandone la vía militar optando por la vía del diálogo, la negociación y la paz. Debemos abogar por construir un movimiento de amplia base, lo más transversal posible en favor de la paz, frente a todas las guerras y sus consecuencias que se vienen sintiendo con toda crudeza en el Estado español y en todos los países del mundo, entre otras, inflación galopante, incremento del paro, pérdida de poder adquisitivo, presupuestos de guerra, deterioro significativo de la sanidad, la educación y del resto de los servicios públicos, subidas de las hipotecas, mayor número de desahucios, graves daños en el medio ambiente, movimientos migratorios incontrolados, supresión de derechos y libertades democráticas y auge del fascismo.
Tabaco, medicina y política. La larga marcha contra el tabaquismo
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca. Por: MIGUEL BARRUECO*9 DE ABRIL DE 2024
Desde que Sir Richard Doll publicó en el mes de septiembre de 1950 en el ‘British Medical Journal’ el primer artículo que relacionaba el tabaco con el cáncer de pulmón, titulado Smoking and Carcinoma Of The Lung, la comunidad científica internacional ha realizado una larga marcha para demostrar inequívocamente los efectos nocivos del tabaco sobre la salud en general y su responsabilidad concreta en una larga lista de enfermedades.
Y todo ello ha sucedido a pesar de los enormes esfuerzos económicos y de todo tipo desplegados por la industria tabaquera para torpedear esta investigación, lo que ha obligado a un acúmulo de evidencias que no ha tenido lugar con ningún otro aspecto de la investigación médica: los efectos deletéreos del tabaco sobre la salud son el aspecto más y mejor documentado de la historia de la medicina.
Una larga lista de enfermedades se ha ido añadiendo al cáncer de pulmón en el ranking de méritos y éxitos del tabaco: enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, numerosos cánceres de todo tipo y condición, enfermedades inmunológicas, … y todo ello con un esfuerzo investigador y clínico innecesario si no hubiese existido la obstaculización constante por la industria tabaquera que conocía con antelación a la propia comunidad científica estos efectos y los escondía deliberadamente para seguir vendiendo su producto.
Esta larga marcha jalonada de obstáculos ha sido liderada inequívocamente por la comunidad científica que ha obligado al poder político, incluso en ocasiones contra su voluntad o con escaso entusiasmo por su parte, a ir elaborando leyes y medidas restrictivas del consumo de tabaco.
Zancadillas a la ley antitabaco
En España el proceso de elaboración de la Ley 28/2005 “de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco” contó con una enorme cadena de zancadillas por parte de la industria del tabaco y de la hostelería, que es la mano visible que mece la cuna.
Su gestación fue un largo proceso con un parto difícil que “descafeinó” en el Congreso el primer borrador elaborado por el gobierno hasta hacer dicha Ley irreconocible y limitar considerablemente su utilidad.
Así se le transmitió a la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, en el congreso del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo celebrado en Salamanca en noviembre de 2005, unas semanas antes de la fecha de promulgación de la Ley. Al día siguiente de su entrada en vigor el “movimiento de prevención del tabaquismo” iniciaba su lucha para desarrollar una nueva Ley que corrigiera los agujeros negros que aquella tenía.
La nueva ley en 2010
Fueron seis largos años de lucha hasta conseguir la nueva Ley 42/2010 “por la que se modificó la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco”. Esta nueva Ley corregía algunos agujeros de gusano de la ley anterior y su gestación y parto también fueron tormentosos.
Su mayor avance fue la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados, incluyendo los locales de hostelería. Además, extendió la prohibición de fumar a algunos espacios al aire libre, como los recintos de los parques infantiles, centros docentes y recintos de los centros sanitarios.
Esta Ley, en contra de las profecías de apocalipsis que vaticinaban el cierre de la hostelería, contó con un apoyo elevado de la población, incluyendo los fumadores. El descenso en la prevalencia de personas fumadoras y en el número de cigarrillos consumidos, así como el aumento del abandono del tabaco reflejan el impacto inicial de la ley, así como la influencia del conjunto de las políticas de prevención y control del tabaquismo desarrolladas en la última década.
Sin embargo, el mercado del tabaco ha cambiado mucho en los últimos años, la aparición de nuevos métodos de consumo de nicotina como el vapeo y cigarrillos electrónicos, el abaratamiento del precio del tabaco y la política agresiva de las tabacaleras ha hecho que los efectos de la Ley 42/2010 se hayan ido diluyendo. Durante los últimos años el movimiento de prevención del tabaquismo en general y las sociedades científicas en particular vienen reivindicando un nuevo Plan Integral de Tabaquismo, que hasta ahora dormía en un cajón del ministerio, y una nueva Ley que profundice en la prevención y control del tabaquismo y de respuesta a las nuevas realidades.
Nuevo plan integral aprobado el 6 de abril
Por fin, el pasado 6 de abril el Consejo Interterritorial a instancias del Ministerio de Sanidad ha aprobado un nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.
En palabras de la ministra de sanidad, “este plan no hubiera sido posible sin el diálogo y sin la voluntad de acuerdo frente a la epidemia del tabaquismo” y ha resaltado “el trabajo, el compromiso y el empuje que durante años han realizado las comunidades autónomas, las sociedades científicas, las sociedades de pacientes, los colectivos juveniles, las entidades de salud pública y los profesionales sanitarios”.
Este plan es una manifestación de intenciones y una hoja de ruta que ha conseguido la aprobación unánime de los principales artífices: gobierno central y comunidades autónomas. Ahora es necesario abordar el desarrollo de leyes para regular aspectos como las nuevas formas de publicidad digital, la equiparación legal de los nuevos productos de tabaco como los cigarrillos electrónicos y el vapeo al tabaco tradicional, la ampliación de los espacios libres de humo, el empaquetado neutro o la política fiscal de incremento sustancial de precios, y es ahí donde se pondrán de manifiesto las verdaderas sensibilidades e intenciones políticas de los distintos partidos. Esperemos que en aras de la salud pública se mantenga el consenso.
Actuar en el Parlamento
Por eso, en este momento más que nunca, hecho en gran medida el trabajo de investigadores, médicos y sociedades científicas, y cuando corresponde a los políticos actuar, es preciso poner de manifiesto las palabras de Sir George Young en 1981 siendo ministro de sanidad del Reino Unido: “La solución al problema del tabaquismo no se encontrará en los laboratorios de investigación ni en los quirófanos de los hospitales sino en los parlamentos de las naciones democráticas”.
En las próximas semanas y meses es cuando comprobaremos la verdadera voluntad política de partidos y legisladores para desarrollar el contenido del Plan Integral y avanzar en el control de la mayor epidemia de los siglos XX y XXI.
No olvidemos que el tabaco mata cada año en España más de 56.000 personas y genera un gasto sanitario anual directo superior a los siete mil millones e indirecto de otros ocho mil, algo que no cubre ni de lejos lo recaudado con los impuestos al tabaco pero que, sobre todo hay que recalcar que genera adicción, sufrimiento, incapacidad y muerte.
¿Penalizar por no acudir a una cita en el sistema sanitario?
¿Es factible que te multen por no ir al médico en Asturias?: Francia estudia cobrar 5 euros si no asistes a una cita?
De acuerdo con las últimas cifras que maneja Salud, en el Principado hasta un 20% de los pacientes no acuden a la consulta fijada
10 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.
Francia estudia sancionar con cinco euros a aquellas personas que no vayan a una cita médica sin avisar con una antelación mínima de 24 horas. Asociaciones de profesionales sanitarios y usuarios no tienen claros los posibles beneficios que tendría trasladar esta idea al Principado
De acuerdo con las últimas cifras que maneja Salud, en el Principado hasta un 20% de los pacientes no acuden a la consulta fijada
FUENTE: LA VOZ DE ASTURIAS: 10 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.
Francia estudia sancionar con cinco euros a aquellas personas que no vayan a una cita médica sin avisar con una antelación mínima de 24 horas. Asociaciones de profesionales sanitarios y usuarios no tienen claros los posibles beneficios que tendría trasladar esta idea al Principado
El Gobierno francés ha
ha puesto sobre la mesa la posibilidad de sancionar con 5 euros de multa a aquellas personas que no acudan a una consulta médica previamente fijada, sin un aviso de al menos 24 horas. Así lo ha destacado el primer ministro galo, Gabriel Attal, que ha señalado que la intención es «responsabilizar» a los pacientes.
En caso de ser aprobada por el parlamento francés, la iniciativa podría entrar en vigor el 1 de enero del próximo año. No en vano, el Gobierno del país vecino estima que los costes derivados de estas ausencias al médico de cabecera suponen a las arcas 27 millones de euros anuales.
De acuerdo con las últimas cifras que maneja la Consejería de Salud, en Asturias hasta un 20% de los pacientes no acuden a la consulta fijada.
«Un último recurso no deseable». Carlos Ponte, presidente de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública en Asturias, explica que la anunciada por Gabriel Attal «no es una medida aislada, sino que va acompañada de otras». Entre esas otras iniciativas cita la idea de que en Francia «no sea necesario pasar por la Atención Primaria Primero para ir al especialista». A su juicio, se trata de una propuesta «desacertada» que equivale a «cargarse la Sanidad Pública como sistema», ya que la Primaria «es el filtro» de la red sanitaria.
Ponte insiste en que son ideas «en su conjunto muy desafortunadas». El presidente de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública en Asturias indica que, de acuerdo con los datos de la consejería de Salud, hay un «porcentaje muy alto de gente que no acude a las consultas». Desde su punto de vista, antes de plantearse medidas punitivas de tipo pecuniario como la que se propone en el país vecino, habría que «actualizar ese dato y saber exáctamente de qué estamos hablando». Posteriormente y «con las cifras en la mano», considera que habría que saber «si el sistema informático está funcionando bien» a la hora de gestionar las citas.
En tercer lugar, cree que podría ser interesante «hacer una campaña propositiva tratando de hacer un llamamiento a la población» acerca de la importancia de acudir a las citas médicas. Por último, «si todo esto falla, quizá habría que pensar en un sistema de penalización, en todo caso como un último recurso no deseable»
Implementar sistemas de aviso. José Antonio Vidal es el secretario general del Sindicato Médico del Principado de Asturias (Simpa). Indica que la medida planteada en Francia tiene como objetivo que «los recursos públicos no se despilfarren», ya que «el tiempo de atención médica es muy costoso y quieren aprovecharlo al máximo».
No obstante, considera que «el problema está en la raíz». Y es que, desde su punto de vista, «muchas veces, al cabo de un tiempo, las personas se buscan las soluciones o se olvidan las citas». El porcentaje de ausencias a las consultas en Asturias «en primaria es alto, de un 20%, pero tiene solución, porque es fácil que ese espacio se llene por otra persona».
José Antonio Vidal explica que «en atención especializada es de un 10%, que es un número muy importante». En este sentido, considera que en el sistema hay «listas de espera de hasta un año y las personas se olvidan». Es por eso que el secretario general del Simpa cree que «el copago no arregla la raíz del problema». Para él, las soluciones pasan porque «las personas sean corresponsables» y se implemente un medio para «avisarles antes de la consulta para que, si ya no la necesitan, otra persona pueda ocuparla».
«Aquí en Asturias durante un tiempo se avisaba por mensaje o por una aplicación, pero yo creo que con la pandemia este sistema no cuajó y no se pudo desarrollar», recuerda. Vidal concluye afirmando que «los copagos acaban perjudicando más a los que menos tienen»